El modelo vasco de pensiones
Está claro que el actual sistema público de pensiones se halla en una auténtica encrucijada como consecuencia de la incapacidad que desde hace muchos años muestran los partidos políticos sobre la forma de encarar de la mejor manera posible un nuevo diseño que garantice su viabilidad y sostenibilidad en el futuro ante el aumento de la esperanza de vida de las personas y la reducción de las aportaciones a la Seguridad Social, como consecuencia de la disminución de la población activa y un empleo precario y temporal.
La Comisión del Pacto de Toledo sigue sin encontrar el consenso político necesario para garantizar las pensiones, sobre todo en situaciones de crisis económica, y el nuevo gobierno del PSOE está demostrando que no tiene un modelo y actúa de manera improvisada, sin ninguna perspectiva de futuro, de la misma forma que lo hizo el PP cuando estuvo en La Moncloa. El sistema de pensiones español acumula un déficit superior a 80.000 millones de euros desde 2012, y hasta ahora nadie ha sido capaz de poner el cascabel al gato dentro de una situación que cada día que pasa va empeorando.
Sorprende que la ministra de Trabajo socialista, Magdalena Valero, haya pasado en cuestión de unos pocos días de criticar al PP por detraer 74.400 millones de euros, dejando un remanente de 8.050 millones, del Fondo de Pensiones destinado a responder a las jubilaciones futuras de las generaciones del baby boom, a no descartar la utilización de la "hucha de las pensiones" para poder abonar la paga extraordinaria de Navidad si los ingresos de la Seguridad Social no crecen lo suficiente.
Y todo ello en un clima donde los analistas económicos están poniendo el foco en las consecuencias negativas que medidas como la eliminación (destope) de la base máxima de la cotización de la Seguridad Social, que ha propuesto el Gobierno de Sánchez para aumentar la recaudación de los ingresos de las pensiones, podrían tener a futuro al encarecer el factor trabajo y con ello repercutir negativamente en la creación de empleo.
Es más, alguno va más allá en sus postulados neoliberales hasta el punto de achacar a la financiación de las pensiones como la muestra más clara de cómo el estado de bienestar está afectando de manera negativa no solo a la creación de empleo, sino también al crecimiento económico.
Lo cierto es que el escenario que se vislumbra de cara al futuro no presenta elementos para el optimismo, teniendo en cuenta que vamos hacía una sociedad más envejecida y, por lo tanto, más necesitada de ayudas públicas, mientras los recursos que se obtienen vía impositiva no se comportan en la misma proporción. En los últimos diez años, las partidas que la Diputación de Gipuzkoa destinó a gasto social aumentaron un 31%, mientras que el crecimiento de los presupuestos generales de la institución fue del 0,10%. De seguir esta progresión, en el futuro se estima que el gasto social podría alcanzar el 60% de los presupuestos generales forales, según se puso de manifiesto en un curso de verano que el departamento de Hacienda ha celebrado en Donostia sobre El modelo de financiación y el estado de bienestar.
En este incierto escenario que existe en el Estado sobre el futuro y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, Euskadi puede actuar con una gran ventaja -si hay voluntad política para ello-, al poder poner en marcha una especie de Seguridad Social propia complementaria a la estatal, a partir del modelo que ofrecen las EPSV de empleo, del que este país ha sido pionero en el Estado con resultados más que satisfactorios.
La puesta en marcha de este modelo complementario de pensiones basado en la capitalización y el reparto, y no solo en este último como es el sistema público de pensiones español, no originaría conflicto de ningún tipo con el Estado, ni rompería ninguna caja única, ya que la CAV no solo no tiene nivel competencial en este campo, sino también su propio marco jurídico desde hace seis años como es la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.
Solo se necesitaría el acuerdo del Gobierno Vasco, empresarios y sindicatos, que salvo en el caso de las centrales de obediencia estatal, se plantea como totalmente factible, teniendo en cuenta la larga experiencia de 23 años que tanto la patronal como los representantes de los trabajadores tienen en este tipo de iniciativas como es caso de Geroa Pentsioak EPSV. La propia Administración pública como empleadora participa también de este modelo complementario de pensiones para sus funcionarios a través de Itzarri, en el caso del Gobierno Vasco, y de Elkarkidetza, en lo que se refiere a las diputaciones y los ayuntamientos.
Una actuación que es absolutamente contradictoria con su comportamiento a la hora de impulsar en Euskadi un sistema propio de pensiones complementarias cuando se dispone de los instrumentos necesarios para ello. El Consejo Vasco de Previsión Social, que es el órgano adecuado para ello, al reunir a la Administración pública, patronal, sindicatos, cooperativas y consumidores, se ha mostrado hasta la fecha inoperante ya que, desde su constitución en mayo de 2016, no ha celebrado ninguna reunión ordinaria, salvo la propia constituyente.
Salvo algunas esporádicas y contadas manifestaciones de miembros del Gobierno Vasco a favor de complementar las pensiones públicas y reforzar el sistema vasco de pensiones, el sector público vasco sigue mostrando una inacción total hacia un sistema que está perfectamente consolidado en Euskadi y que forma parte de la estructura de prestaciones sociales en los países de referencia de Europa.
Entre las tres EPSV de empleo que existen en Euskadi (Geroa, constituida por empresarios y trabajadores, Elkarkidetza e Itzarri, formada por la Administración pública vasca y funcionarios) reúnen un patrimonio de unos 3.700 millones de euros, que proporcionan la suficiente fortaleza como para acometer con toda urgencia la implantación general en Euskadi de estas entidades de carácter social que utilizan el mercado financiero para alcanzar su máxima eficiencia en el pago de las prestaciones.
Los resultados así lo avalan, ya que aproximadamente el 70% de la prestación que recibe el trabajador a la hora de jubilarse viene de la rentabilidad obtenida por esos fondos en los mercados financieros, y el resto por las aportaciones que haya hecho a lo largo de su vida laboral.
Este es el caso de Geroa, que cuenta con 108.365 socios, de los que la mitad proceden del sector del metal, y tiene un patrimonio de 2.077 millones de euros, del que durante el ejercicio de 2017 obtuvo una rentabilidad del 9,95%. Este magnífico resultado, teniendo en cuenta la situación de inestabilidad económica internacional y unos bajos tipos de interés, se debe gracias a la buena gestión de su cartera de inversión, de la que el 49,35% corresponde a renta fija, el 34,59% a renta variable, un 10,07% a corto plazo y un 5,95% a otros capítulos. De todo este volumen de inversión que realiza Geroa, el 13% se queda en Euskadi.
También hay que poner de relieve las inversiones que Geroa, a través de la sociedad Orza, hace en empresas consolidadas que han alcanzaron en 2017 los 10,5 millones de euros y que propiciaron la creación de 77 nuevos puestos de trabajo, a lo que hay que sumar el 1,1 millón de euros destinados a inversión en seis nuevas compañías guipuzcoanas.
Todo ello hace posible que, partiendo de una simulación muy conservadora y a modo de ejemplo, un trabajador del sector del metal de casi 43 años, con una aportación media actual de 109,09 euros al mes, generada a partes iguales entre la empresa y el empleado, y un patrimonio a día de hoy de 37.135 euros, cuando se jubile con 65 años y medio podría tener una pensión complementaria de 310,76 euros en doce pagas. Una cantidad a la que habría que añadir los 1.242,97 euros que le corresponderían de pensión pública máxima neta estimada con 14 pagas, a partir de un salario neto actual de 1.718, 15 euros.
Estos datos ponen de relieve que las ventajas que tiene el sistema complementario de pensiones a través de las EPSV de empleo son absolutamente claras, ya que permiten extender la previsión social a segmentos de población con rentas medias y bajas que no tienen capacidad de ahorro y que dependen en gran medida de las pensiones públicas, con todo lo que ello significa de poder alcanzar un alto nivel de cohesión social. Por tanto, es hora de pasar a la acción y, cuanto antes, mejor.