Cuando la política española se presenta como un sainete permanente en donde la inacción y la falta de audacia e inteligencia están llevando a una situación de inestabilidad y de provisionalidad institucional que obliga a sus autores a actuar desde el cortoplacismo barriobajero y a vulnerar permanentemente el Estado de Derecho poniendo en cuestión el autogobierno vasco, no cabe la resignación y la crítica a los adversarios por una supuesta debilidad sino la respuesta clara y contundente de todos los vascos.

La enésima afrenta de Rajoy al autogobierno vasco se ha producido estos días con la “amenaza” o “mera advertencia” del PP de llevar al Tribunal Constitucional los presupuestos vascos, aprobados por el Parlamento de Gasteiz con el apoyo de este partido en forma de abstención, por contemplar una subida salarial del 1,5% para los funcionarios y la aportación de un 1% de su sueldo al fondo de previsiones Itzarri con la excusa de que el Estado español carece de presupuestos que son los que dan cobertura a los de las comunidades autónomas, entre ellas la vasca, sin reparar en su singularidad.

La gracia de toda esta nueva muestra de recentralización ?por llamar de una manera eufemística la aplicación de facto del 155 sin anunciarlo?, no solo supone saltarse a la torera el artículo 10 del Estatuto de Gernika, que recoge las competencias exclusivas que la CAV tiene en “la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones”, así como “el régimen local y estatuto de los funcionarios del País Vasco y de su Administración local”, sino que el amenazante ha tenido la desfachatez de proponer a renglón seguido en su proyecto de presupuestos un incremento del 1,75% en el salario de sus funcionarios. Un cuarto de punto más que la subida prevista del Gobierno Vasco que puede ser equiparable posteriormente, según ha anunciado el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu.

La situación todavía es más esperpéntica cuando, en el supuesto de que el PP no consiga aprobar los presupuestos para este año, deberá activar la vía del decreto-ley para hacer posible el incremento salarial de los funcionarios del Estado pactado entre el Gobierno español y los sindicatos, que evidentemente no cuenta con la oposición de ningún partido.

No hay nadie que de manera sensata y en pleno siglo XXI pueda entender semejante contradicción, a no ser que por detrás se escondan subrepticias artimañas para presionar al PNV para que dé su apoyo a los presupuestos del Estado. Cuando Rajoy sabe perfectamente, porque los dirigentes del PNV se lo han dicho por activa, pasiva y perifrástica que, con la vigencia del artículo 155 de la Constitución en Catalunya ?cuyo ensayo, una vez que lo han probado, parece que les está gustando?, no es posible el acuerdo ante el temor de que pueda ser de aplicación en Euskadi a las primeras de cambio.

En una posición que, salvo para algunos que siempre miran más abajo del Ebro, parece que concita el consenso de la mayoría de los ciudadanos vascos, montar semejante tormenta en un vaso de agua dice mucho del grado de inteligencia de sus promotores y de los burdos que pueden ser si no disponen de los instrumentos que mejor conocen que son los judiciales por encima de aquellos que hacen de la razón su fuerza. No saben hacer dejación de esta forma de actuar que les es cómoda por la falta de división de poderes que existe en el Estado, a pesar de que el Gobierno español se planteó al inicio de esta legislatura acabar con la interposición de recursos a leyes vascas.

Plantear, como se dice en algunos sectores vascos cercanos al PP, que la falta de presupuestos en el Estado a partir de la posición del PNV respecto a Catalunya puede no solo afectar a Rajoy y a su gobierno, sino también a Euskadi “cuando nuestra comunidad está demostrando otra manera de afrontar las tensiones territoriales y puede actuar como factor de estabilidad”, es tratar de evitar de manera intencionada el fondo de la cuestión. Es mirar a otro lado y no ver el peligro y la amenaza que supone para el autogobierno vasco una aplicación sine die del artículo 155 en Catalunya, cuyas instituciones están intervenidas por el Estado.

Precisamente por eso, algunos están tratando de desestabilizar de manera continuada el autogobierno vasco con los incumplimientos de los acuerdos alcanzados, como ocurre, por ejemplo, con la eliminación de la tarifa de peaje de acceso a las líneas de alta tensión entre 30 y 36 kilovoltios que afecta a 1.250 empresas de seis comunidades autónomas, de las que 800 son vascas, y que supone un importante sobrecoste que les hace perder competitividad respecto a sus homólogas de otras regiones.

Este acuerdo de cambio tarifario, que representa para las empresas vascas un ahorro de 50 millones de euros, ha sido incumplido, a pesar de formar parte del pacto entre el PP y el PNV para aprobar los presupuestos de 2017, bajo el mezquino argumento de que no había consignadas partidas presupuestarias para soportar la eliminación de la tarifa de las líneas de 30 y 36 kilovoltios. Otro ejemplo de presión para que el PNV diera su apoyo a los presupuestos del Estado de 2018.

Con este asunto es la segunda ocasión en la que el PP incurre en deslealtad, ya que en 2014 le vino muy bien la negativa de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para no aplicar el acuerdo que el PNV había adoptado con el entonces dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, para apoyar su reforma eléctrica.

Por si esto fuera poco, hace casi dos meses el Tribunal Supremo anuló un decreto del Gobierno Vasco en el que se establecía la jornada laboral de 35 horas para sus 70.000 funcionarios cuando, como ha ocurrido en esta ocasión, el Gobierno del PP estaba planeando la posibilidad de aplicar el mismo horario de trabajo a los funcionarios que trabajan por turnos.

El argumento del Tribunal Supremo utilizado para echar por tierra esta competencia exclusiva del Gobierno Vasco es el mismo que el Gobierno de Rajoy está utilizando ahora para no aplicar la subida salarial de los funcionarios vascos. Se justifica la medida en la prevalencia de los límites establecidos en la ley de los Presupuestos Generales del Estado que en aras a la estabilidad financiera establece la jornada laboral en 37 horas y media.

Esta guerra declarada que tiene el PP contra el autogobierno vasco no solo tiene un componente político que se dirime entre dos gobiernos y la formación de Rajoy y el PNV, sino que afecta de manera importante a una amplia masa de trabajadores como son las 70.000 personas que trabajan en la función pública y que están viendo cómo sus derechos laborales como es el acceso a un salario digno y a una jornada laboral efectiva se desvanecen por refriegas partidarias que solo conducen a la inestabilidad. Es decir, los intereses de las empresas, por un lado, y de los trabajadores vascos, por el otro, están siendo utilizados por el PP para doblegar al adversario político, sin que por parte de ellos haya habido alguna reacción efectiva en este sentido.

Por eso, llama la atención cómo el sindicato ELA, tan prolijo en descalificaciones contra el Gobierno Vasco da igual en qué circunstancia y momento, deje al lado la estrategia cómoda del comunicado y de la rueda de prensa, y ponga en marcha a todo ese activo de los 90.000 afiliados que tiene para defender el autogobierno vasco frente a los continuos ataques de partidos como el PP, ahora, y Ciudadanos, después, si llega al poder.

Pasar del comunicado habitual a la toma de las calles para defender el autogobierno vasco es una responsabilidad social que se ha vuelto estratégica y prioritaria en estas circunstancias. No porque algunos consideren que el Estatuto de Gernika está muerto y que hay que ir hacia otro escenario político de mayor soberanía, sino porque difícilmente se puede hacer ese tránsito a día de hoy, si el punto de partida se va reduciendo y se ubica cada vez más lejos por la acción recentralizadora del Estado.

Y en este escenario los primeros interpelados son los propios sindicatos que movilizándose en contra de estas decisiones arbitrarias y carentes de todo fundamento no solo están denunciando esas actuaciones del Gobierno del PP en apoyo del autogobierno vasco, sino que están defendiendo los derechos de los funcionarios en salarios y condiciones laborales. Es la defensa del fuero, pero también del huevo de manera indisoluble. l