A vueltas con el Consorcio

Máxime cuando a pesar de los esfuerzos que desde las instituciones públicas se están haciendo en destinar recursos a la I+D, desde las empresas no termina de consolidarse la apuesta que deberían de hacer en este campo, con lo que el gasto en investigación en relación al PIB supone un 1,83%, muy lejos del 2,06% alcanzado en 2012. Con estas perspectivas y a pesar del aumento en términos absolutos del gasto en I+D de un 2,5% en 2016 y una percepción favorable en 2017, todavía estamos muy lejos de alcanzar el 3% sobre el PIB en el año 2020. Un objetivo que se considera imprescindible para que la industria vasca siga siendo competitiva en el medio plazo.

Ante esta panorama, parece que la templanza es la principal receta para poder afrontar un problema de esta entidad y, en este sentido, es necesario que el afán intervencionista y de control por parte del sector público sobre la actividad de los centros tecnológicos que se recoge en el documento Definición del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco se transforme en un modelo de cooperación más acorde con los tiempos en los que vivimos, y sobre todo en un asunto donde la economía y la ciencia se dan la mano.

No tiene ningún sentido que los autores del documento no se hayan dado cuenta de la incongruencia que supone que un Gobierno, que va a estar presente en los órganos de gobernanza de ese Consorcio Científico-Tecnológico Vasco, vaya a decidir sobre la distribución de los fondos públicos no competitivos (subvenciones directas) que recibirán los miembros que formen parte de esa misma entidad, como va a ocurrir en el caso de los centros tecnológicos que se van a ver obligados a entrar si quieren seguir recibiendo recursos públicos. Es como si una entidad pública se subvencionase a sí misma.

Por no hablar de la incertidumbre que está provocando ya entre los investigadores de los centros tecnológicos el plan de la carrera profesional que pretende elaborar el consorcio, sobre todo cuando después de la crisis económica los equipos se han fortalecido y cohesionado, ganando en prestigio a la hora de afrontar nuevos retos. Por ejemplo, en el caso de Tecnalia, que es la segunda organización del Estado que mayor número de solicitudes de patentes realizó a la Oficina Europea de Patentes (EPO) en 2017 con un total de 27, por detrás del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con 43. Por detrás del centro tecnológico vasco se sitúan entidades tan prestigiosas como la Universidad Autónoma de Barcelona o empresas tan importantes como Telefónica, Repsol o Seat.

Sea como fuere y aunque todavía nos encontramos en la fase de consulta en donde los centros tecnológicos están exponiendo sus objeciones a la propuesta del Gobierno Vasco, lo cierto es que ya hay uno, que se sepa, que ha mostrado su adhesión a este consorcio. El patronato del centro tecnológico Azti, que centra su actividad en la investigación marina y alimentaria, decidió el pasado mes de diciembre adherirse al nuevo consorcio al valorar su objetivo de focalizar su actividad en la especialización de los centros y evitar cierta diversificación que puede existir en este momento. En el caso de Azti, la especialización es un componente donde se sustancia fundamentalmente su actividad que nada tiene que ver con la transferencia de tecnología a las empresas industriales del resto de los centros.

Aunque para algunos pueda parecer una cuestión baladí, lo cierto es que en el documento que se ha presentado a los centros tecnológicos y a los CIC no aparece la sede donde va a estar ubicado el Consorcio Científico-Tecnológico Vasco, con lo que desde algunos sectores guipuzcoanos ya se han puesto las espadas en alto para evitar repetir el absurdo en el que se encuentra Tecnalia desde su fundación en 2011, en el que cada 18 meses debe alternar su sede entre Gipuzkoa y Bizkaia.

El veto del entonces diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, a que los centros tecnológicos vizcainos se integraran en Tecnalia si la sede de la nueva corporación se ubicaba en Gipuzkoa, no solo supuso la pérdida de 30 millones de euros que la Diputación Foral de Gipuzkoa estaba dispuesta a aportar si se situaba en este territorio, sino la adopción de una decisión no por salomónica sin sentido en pleno siglo XXI. Nadie parece haberse beneficiado de semejante insensatez, salvo los notarios que elevan a público el acuerdo de traslado de sede cada 18 meses.

Con esta amarga experiencia, desde Gipuzkoa no se entendería que la sede del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco, que tendrá una plantilla de 3.542 personas y unos ingresos de 283 millones de euros, de los que el 41% vienen de la financiación privada, estuviera en un territorio distinto si nos atenemos a datos objetivos como la capacidad, la ubicación de los centros tecnológicos y la inversión de I+D de las empresas guipuzcoanas. En concreto, ocho de los doce centros tecnológicos llamados a participar en este consorcio tienen su sede en Gipuzkoa, al igual que dos de los CIC, que sin entender la razón, también están siendo interpelados a participar en esta iniciativa. Por si fuera poco, otro dato: casi dos terceras partes de los investigadores de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación trabajan en Gipuzkoa

Frente a aquellos que plantean el argumento de que este país es pequeño y hay que evitar las duplicidades para justificar la ubicación de los centros de decisión de entidades públicas o receptoras de recursos públicos en otros territorios diferentes a Gipuzkoa, hay que señalar que en algunos sectores de la ciudadanía guipuzcoana empieza a cundir cierto hartazgo sobre este desapego, una especie de maldición bíblica que nadie entiende, que se está produciendo por parte del sector público vasco.

Desde la ubicación de la mayoría de las entidades públicas vinculadas al Gobierno Vasco, algunas de ellas administrando grandes recursos públicos en Bizkaia y Araba, hasta la celebración de congresos y reuniones organizados por el sector público en esos dos territorios en detrimento de Gipuzkoa, pasando por la puesta en marcha de un centro de ciberseguridad en territorio alavés cuando la Diputación de Gipuzkoa llevaba mucho tiempo trabajando en una iniciativa de este tipo porque es aquí donde se concentran todas las empresas del sector en Euskadi. Por no hablar de la afrenta que desde Bizkaia se ha hecho recientemente contra el puerto de Pasaia cuestionando su futuro. Son solo algunos ejemplos. También a aquellos guipuzcoanos, algunos vinculados al sector del turismo y organización de eventos, que dicen que no es necesario demandar un mejor aeropuerto en Hondarribia porque contamos también con los de Loiu y Biarritz, habría que recordarles que a finales del año pasado se ha puesto en marcha en el parque tecnológico de Zamudio (Bizkaia) una de las dos sedes del nodo sur del EIT Food, un consorcio internacional europeo que se dedica a impulsar la transformación del sector alimentario, centrándose en el consumidor y en la eficiencia de los recursos.

A pesar de que en Bizkaia no existe un sector agroalimentario, que sí es potente en Gipuzkoa y en Araba, por los vinos de Rioja Alavesa, y de contar como únicos socios vascos al centro de investigación Azti y a la empresa guipuzcoana Angulas Aguinaga, una de las dos oficinas de EIT Food para el sur de Europa se ha instalado en Zamudio por motivos operativos, de logística y eficiencia, según argumentan sus promotores. Curiosamente, y casi coincidiendo con la puesta en marcha de esta oficina, Angulas Aguinaga va a inaugurar el próximo mes una unidad propia de I+D en sus instalaciones de Irura. Hay que señalar que el EIT Food está constituido por 50 empresas, universidades y centros de investigación europeos que cubren toda la cadena de valor en el sector de la alimentación y que cada vez que celebran reuniones plenarias movilizan alrededor de 250 personas. Los socios de este consorcio van a invertir 1.200 millones de euros para desarrollar alimentos de futuro, a los que hay que sumar otros 400 millones financiados por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT). Otra oportunidad perdida y van....