El revuelo de los centros tecnológicos

El enfado, que es perfectamente perceptible a nada que uno se interese por este asunto, no solo se sitúa en los propios centros tecnológicos, sino también en grandes empresas muy vinculadas con estas entidades en el desarrollo de su actividad de I+D, así como instituciones que pueden ver afectadas sus políticas de impulso de la innovación en las pymes, porque en esta propuesta no solo hay discrepancias en el fondo -algunas de gran calado-, sino lo más importante es que no se han guardado las más mínimas formas a la hora de contar con los agentes afectados antes de la elaboración del proyecto.

El procedimiento utilizado en el anuncio y exposición de este proyecto a las instituciones forales y al conjunto de los agentes tecnológicos y científicos en las dos reuniones que se han celebrado hasta ahora ha tenido más que ver con la imposición de una especie de trágala que de un deseo de buscar la colaboración y el consenso entre todos los agentes implicados en toda la cadena de creación de valor en la I+D para tratar de buscar un modelo más inclusivo.

No puede parecer propio de los tiempos que corren presentar casi por sorpresa, en una reunión celebrada a finales del pasado mes de febrero, a los representantes de los centros tecnológicos el documento Definición del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco para que durante las próximas semanas y de manera individualizada cada una de las entidades hagan sus objeciones a la propuesta, con el propósito de que ese órgano esté ya constituido antes del próximo verano.

Todavía se entiende menos este tipo de comportamiento si nos referimos al territorio de Gipuzkoa, donde se ubican ocho de los doce centros tecnológicos y dos de los CIC que existen en Euskadi, y donde trabajan casi dos terceras partes de los investigadores de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. No parece que sea el procedimiento.

Nadie se explica por qué en este momento existe la urgencia de crear este consorcio desde el sector público cuando, después de la crisis económica que tuvo como una de sus primeras víctimas la inversión en I+D, la mayoría de los centros tecnológicos, tras los ajustes pertinentes, han cogido ya velocidad de crucero y existe un proceso de integración de estas entidades en fase de recomposición, tras la salida de dos de ellas por diferentes motivos.

Aunque en un principio puede haber un consenso general -salvo las excepciones propias de la pertenencia de algunos centros a determinadas estructuras económicas y empresariales- favorable al inicio de un proceso de confluencia hacia un único centro tecnológico en Euskadi, sin embargo el planteamiento de este consorcio ha sido considerado como un auténtico despropósito surgido de la improvisación al mezclar en el mismo órgano a los centros tecnológicos con los CIC, cuando los primeros centran su atención en la investigación aplicada en la empresa y los segundos tienen su actividad en la investigación básica y son absolutamente dependientes de recursos públicos.

Una cuestión es que, en algunos casos no se haya llegado a optimizar los resultados de la transferencia de tecnología a las empresas, susceptible siempre de corrección, y otra cosa es que, partiendo de que entre el 40 y 50% de la financiación de los centros tecnológicos proceda de manera directa o indirecta de los recursos públicos, se quiera poner en marcha un instrumento para ejercitar un intervencionismo directo del sector público en la actividad de estas entidades que pierden autonomía en su toma de decisiones.

En este sentido, el documento presentado a los agentes tecnológicos es muy claro a la hora de señalar que ha llegado el momento "para plantear la intervención en la gobernanza y gestión de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación" desde la constitución de una estructura corporativa común compuesta por cinco órganos de gobierno y dos complementarios donde se da escaso papel a las empresas y a la universidad en todo un ejemplo de burocracia. El objetivo del consorcio es "permitir una vinculación más estrecha de la Administración Pública, mayores niveles de compromiso a las organizaciones participantes y la instrumentalización de los fondos públicos". Así de claro.

Según el documento, la nueva estructura corporativa del consorcio tendrá un papel central como asesor y prescriptor en la captación y distribución de los fondos públicos no competitivos (las subvenciones directas que reciben los centros tecnológicos), que alcanzan los 56 millones de euros, con lo que difícilmente ninguna de estas entidades puede seguir permaneciendo como autónoma y no formar parte de este órgano si quiere continuar percibiendo una parte muy importante de recursos que dispone para mantener su actividad. Y todo ello "buscando la adhesión voluntaria de las distintas entidades públicas y agentes científico-tecnológicos que deseen incorporarse al proyecto", tal y como se recoge en la propuesta

Sorprende esta preocupación por el control de esta financiación pública no competitiva que los centros tecnológicos la completan con la adjudicación de proyectos europeos y el desarrollo de la I+D en las empresas, cuando es una parte pequeña en la cuenta de resultados de los centros de investigación vascos. Los Fraunhofer alemanes tienen una financiación pública no contributiva que supone prácticamente un tercio de su facturación. La media de los centros tecnológicos europeos supone un 34,77%.

Al margen del control financiero de los recursos públicos, el consorcio tendrá una dirección general que coordinará a los centros tecnológicos en el desarrollo de políticas científico-tecnológicas, entre los que se encuentra fijar su especialización, así como el desarrollo del negocio en lo que supone de coordinación de la actividad de transferencia de tecnología por área de mercado, lo que es considerado por parte de estas entidades no solo como un retroceso, sino como un gran error impropio de estos tiempos al expresar una voluntad reguladora por parte del sector público.

Desde los centros tecnológicos se ve en esta iniciativa como un deseo de control y dominio por parte del sector público, cuando al margen de las necesarias orientaciones ligadas a los apoyos financieros públicos que reciben, el protagonismo debe seguir estando en el sector privado, que es de donde provienen la mayoría de los centros tecnológicos, algunos de ellos nacidos, precisamente, desde las propias empresas.

La puesta en marcha de este consorcio, que contaría con una plantilla de 3.542 personas y unos ingresos de 283 millones de euros, de los que el 41% viene de la financiación privada, va a coger a la alianza IK4 en su peor momento, tras la salida de Cidetec y Vicomtech, y cuando trataba de reorganizarse y conseguir mayor cohesión entre sus miembros para afrontar el futuro. El hecho de que cada centro se adhiera de manera individual a la iniciativa hace que esta alianza pueda pasar por sus momentos más delicados.

En caso contrario, en lo que se refiere a Tecnalia, que cerró el ejercicio del año pasado en positivo, el proyecto no le afectará tanto ya que al actuar como un único centro tecnológico, tras la fusión producida en 2011, no tiene los problemas derivados de contar con varios centros integrados en torno a una sola estructura. El problema que puede tener Tecnalia con este nuevo consorcio está directamente relacionado con la marca comercial que tiene este centro tecnológico y que está reconocida internacionalmente y totalmente asentada después de siete años de actividad. Una situación muy delicada cuando uno de los objetivos del consorcio es crear una marca propia reconocida a nivel internacional, es decir, la "marca país" de la investigación vasca.

Desde algunos centros tecnológicos se rechaza este intervencionismo que se recoge en el documento del Gobierno Vasco y se plantea un modelo de coordinación que, en términos políticos, pudiera denominarse de corte confederal, donde cada entidad dispone de su propia autonomía y donde se plantearían objetivos comunes a la hora de desarrollar sus políticas científico-tecnológicas y de desarrollo de modelo de negocio en su vinculación con las empresas. Habrá que ver si entre los proponentes del proyecto gubernamental existe cierta flexibilidad para encontrar el consenso general en un asunto tan estratégico para el futuro de este país como es el del desarrollo de la I+D.