la última ocurrencia de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, de aumentar el número de los años de cotización para calcular el monto de la pensión y acercarlo al total de los años trabajados con el fin de beneficiar a aquellas personas que al final de su carrera profesional hayan visto reducida su aportación a la Seguridad Social como consecuencia de la crisis, al quedarse sin trabajo o tener que convertirse en trabajadores por cuenta propia, supone una prueba más de la incapacidad que están mostrando los partidos políticos a la hora de dar una solución y sostenibilidad al sistema público de pensiones, que está haciendo aguas por todos los lados.

Es una irresponsabilidad que, después del anuncio de que el Tesoro Público va a realizar un nuevo préstamo de 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para que se puedan pagar las pensiones de este año, después de la concesión el año pasado de un crédito de algo más de 10.000 millones debido a que el Fondo de Reserva de las Pensiones apenas cuenta con 8.000 millones, desde el Gobierno del PP se lance una propuesta de este tipo en una entrevista televisiva, en vez de plantearla con el rigor que merece esta cuestión en el foro pertinente como es la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

El debate no está en fijar más o menos largo el periodo de años de vida laboral para calcular la pensión que tiene derecho un jubilado o de elegir los mejores años de aportación para evitar situaciones de caída de la percepción por haber sido despedido o formar parte de un ERE por causa de la crisis al final de la carrera profesional de un trabajador, justo cuando la contribución debe ser la más alta, sino en cómo se obtienen los recursos necesarios para pagar unas pensiones dignas. Y aquí nadie, ni el PP ni el PSOE, están dando soluciones y solo se dedican a lanzar brindis al sol de manera frívola. Es poco serio y edificante observar este tipo de comportamientos cuando la situación sumamente delicada por la que atraviesa el sistema público de pensiones necesita de la utilización del sentido común y la reflexión sosegada y evitar la conveniencia partidista.

Es más, habría que eliminar la filosofía redistributiva de la riqueza que el Pacto de Toledo ha dado al sistema público de pensiones en el Estado y que debería recaer en la vía de los impuestos. Porque una cosa es la solidaridad con los que cobran pensiones mínimas, como el caso de las viudas y huérfanos, y otra cosa es que el retorno de aquellos que durante su vida laboral han cotizado lo mínimo alcance el 110%, mientras que los que se han preocupado por aportar el máximo, lo que reciben sea el 80% durante este año y el 76% el próximo año.

Mientras en España siguen sin fijar con rigor la sostenibilidad y el futuro del sistema público de pensiones y a la espera de que, de una vez por todas, la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social llegue a Euskadi, desde este país sí se puede mitigar de algún modo la previsible reducción de las prestaciones que van a recibir los futuros jubilados. El aumento de la esperanza de vida de las personas y la reducción de las aportaciones a la Seguridad Social como consecuencia de unos salarios bajos y un empleo precario y temporal son unos ingredientes que dibujan un escenario futuro ciertamente preocupante.

El informe cita a las EPSV como Geroa, que es una entidad nacida del acuerdo entre los empresarios, a través de Adegi, y los sindicatos, como representantes de los trabajadores, y que cubre el 50% de la población ocupada de Gipuzkoa; Elkarkidetza, que da cobertura a los funcionarios y empleados de la Administración foral y local, y Lagun Aro, que atiende las contingencias de los socios cooperativistas del Grupo Mondragon. El peso que estas tres EPSV tienen en el complemento de las pensiones en Euskadi es tal que dan cobertura al 49,2% de la población activa ocupada vasca frente al 20,1% de los trabajadores en España que cuentan con este tipo de ayuda.

Todo un indicativo de una cultura y de una forma de encarar la vida que existe en Euskadi frente a otra visión del Estado, en donde prevalecen las EPSV individuales, que suponen el 81,8% del total de los partícipes de sistemas complementarios de pensiones, mientras que las EPSV de empleo suponen el 17,7% y las de tipo asociado y otros el 0,38%. Las ventajas del sistema complementario de pensiones a través de EPSV de empleo son absolutamente claras, ya que permiten extender la previsión social a segmentos de población con rentas medias y bajas que no tienen capacidad de ahorro y que dependen en gran medida de las pensiones públicas.

Es un gran instrumento de cohesión social, ya que el sistema de previsión de empleo incorpora a los colectivos especialmente más vulnerables y los que más verán mermadas sus condiciones de vida ante los descensos en las pensiones públicas, según recoge el informe de la Fundación Edad y Vida, que destaca otra ventaja como es el inicio temprano y la continuidad de las aportaciones.

Siendo Euskadi un ejemplo de éxito de las EPSV de empleo, hasta el punto de tener varios reconocimientos internacionales, como en el caso de Geroa EPSV, y pioneros en la materia en el Estado, cabría preguntarse qué se está haciendo para potenciar este modelo frente al declive de las pensiones públicas. La respuesta es nada. Cero patatero. Salvo manifestaciones de miembros del Gobierno Vasco a favor de la necesidad de complementar las pensiones públicas y reforzar el sistema vasco de EPSV, la inacción es total. El Gobierno Vasco lleva cinco años sin realizar ninguna acción de impulso de este modelo cuando en la Ley de EPSV de 2012 calificaba a estas entidades de “preferentes”. De la misma forma que el Consejo Vasco de Previsión Laboral lleva un año y medio sin celebrar ninguna reunión.

Si la inoperancia del Gobierno Vasco, que tiene la competencia en la materia, es total, también es de subrayar el desinterés que tanto empresarios como sindicatos están demostrando por el modelo de complemento, ya que para unos es un coste no asumible, sobre todo en situaciones de crisis, mientras que para los representantes de los trabajadores la cuestión no forma parte importante en sus prioridades de actuación. Entre unos y otros la casa sin barrer y los perjudicados son los trabajadores.

Este es un asunto que bien podría forma parte de la filosofía de la nueva cultura de empresa que desde hace varios años está desarrollando Adegi ante la inexistencia de una negociación colectiva que hace que los convenios no se renueven y, por lo tanto, no se acuerden cláusulas para realizar aportaciones adicionales a las prestaciones de la Seguridad Social. Puede ser un buen ejemplo para potenciar ese espíritu de participación y comunicación entre empresarios y trabajadores a la hora de desarrollar los proyectos empresariales.

De la misma forma, las haciendas vascas deberían penalizar a las EPSV individuales, que tan interesadamente promueven las entidades financieras, -como observamos cuando llega el final de año-, cuando se procede al rescate del total del capital de la pensión, en el que la tributación alcanza el 60% en la base imponible general del IRPF, mientras que si se hace en forma de renta llega al 100%. Es precisamente todo lo contrario al espíritu que deben contemplar este tipo de previsión, precisamente, por ser complemento de las pensiones públicas y no un instrumento de inversión. Una circunstancia que hace que los jóvenes se sientan poco atraídos por este modelo, tal y como parece que lo están constatando ya las entidades financieras. La reacción se hace necesaria.