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El estado del ‘procès’

Sometido a las intermitencias mediáticas, ensombrecido por los conflictos internos y externos, el procès sigue adelante en Catalunya pese a que la actualidad lo conduzca por la incierta senda de los tribunales y los discursos unionistas. El expresident Artur Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y cargos públicos independentistas han pasado o pasarán ante los jueces españoles para ser apercibidos de delito y castigados por ello. Pero, en realidad, el actual president de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegura impertérrito que el referéndum se convocará y la independencia de Catalunya comenzará a ser una realidad este mismo año.

Es importante conocer las claves de lo que en realidad está ocurriendo en Catalunya y reflexionar sobre ello, más allá de los tópicos tertulianos y los análisis de brocha gorda a los que se nos acostumbra. Para empezar, conviene desmenuzar el cambio de enfoque que desde el nuevo Gobierno español se ha apuntado respecto al problema catalán, esa especie de Operación Diálogo que incluye la implicación directa de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y su oficina en Barcelona; el cambio del anterior delegado del Gobierno por el más dialogante Enric Millo; el derroche de recursos mediáticos para aparentar un talante más conciliador en relación a Catalunya.

Este inicio de la Operación Diálogo desplegado desde el Gobierno podría apuntar hacia una tercera vía que seduzca a los sectores menos radicales del nacionalismo catalán a través de ciertas mejoras fiscales, así como una reactivación de inversiones, fundamentalmente en infraestructuras. No se excluiría incluso un cierto pacto con Europa, sobre todo con Alemania, para el apoyo financiero a esa tercera vía, suavizando para España las condiciones de la deuda a cambio de frenar el proceso independentista catalán, de inciertas repercusiones para la UE. Una Operación Diálogo, por tanto, más para Europa que para Catalunya, de forma que se entendiese en Bruselas que la buena voluntad y disposición al entendimiento por parte del Gobierno español no ha sido correspondida por la intolerancia independentista y ello dejase a Madrid las manos libres para intentar resolver el problema “por las malas”.

Esta reflexión, que se hace a modo de hipótesis, tiene base en la realidad de la actitud aparentemente más civilizada de Madrid hacia Catalunya. Pero tan cierto como eso es que el Gobierno español no tiene posibilidades reales para articular una tercera vía con peso social, político y económico suficientemente atractiva para desactivar a estas alturas el procès independentista. España no puede prescindir de los 11.000 -o 16.000, depende de quién lo cuantifique- millones de euros con que Catalunya contribuye a la caja común. Pero tampoco Europa puede suavizar las exigencias del pago de la deuda española, para subvencionar con sus fondos el que Catalunya no se vaya.

Añádase a esta clave europea la realidad de que Catalunya, por su potencial económico y su dinamismo social, interesa a capitales financieros y a inversores emergentes internacionales. Como dato a tener en cuenta, está la realidad de las inversiones ingentes de capital chino en el puerto de Barcelona.

Constatada la enorme dificultad para una solución desde fuera, la salud del procès es buena, según sus promotores. Con muchas dificultades, con muchas contradicciones, pero es sólida. Es más que previsible el entendimiento final entre CUP y Junts Pel Sí para la aprobación de los presupuestos, confirmándose así en fondo y forma la hoja de ruta independentista. Será difícil impedir la Declaración Unilateral de Independencia antes del final de este curso político, sobre todo si el Estado no permite el referéndum y se intensifica la represión judicial contra electos o representantes institucionales catalanes.

El conjunto de leyes previstas para la desconexión, en principio para la primavera, está ya en marcha y el Parlament tiene el control de los tiempos para actuar de acuerdo a los acontecimientos y adelantar el referéndum o, en el caso de que fuera impedido por ley, la declaración unilateral para dificultar el margen de maniobra a Madrid. Tal como se ven las cosas desde la propia Catalunya, las perspectivas son favorables y se espera un semestre intenso y decisivo.