La incongruencia de la uniformización
Apesar de que tradicionalmente el 7 de enero era el día en el que comenzaban las rebajas, este año parece que esa fecha -que significaba para muchos adquirir aquel artículo apetecido a un precio reducido, una vez concluida la campaña otoño-invierno-, ha desaparecido en el calendario del consumidor vasco por culpa del Tribunal Constitucional (TC), que ha decretado la liberalización del periodo de descuentos en el comercio a lo largo del año para liberalizar el sector, según se afirma en la sentencia.
La decisión del TC, al margen de certificar la política de recentralización que está llevando a cabo desde hace muchos años el PP, al dar por bueno el Real Decreto-Ley 20/201 del Gobierno de Rajoy en contra del recurso impulsado por el Gobierno Vasco que considera que la regulación del período de descuentos es competencia propia, pone de relieve la gran miopía en la se mueven algunas instancias judiciales españolas a la hora de pisar terreno social.
La desaparición de los dos periodos de rebajas que el Gobierno Vasco había estipulado para enero y julio, una vez concluidas las temporadas de otoño e invierno y primavera y verano, respectivamente, por su liberalización total en cualquier época del año a través de las distintas fórmulas de saldos, liquidaciones u ofertas promocionales, ponen en evidencia el modelo de comercio que se persigue en el Estado y que responde a los intereses de los grandes fabricantes textiles y las grandes superficies en detrimento de un pequeño comercio que ofrece cercanía y trato personalizado.
Que las leyes del mercado traten de controlar el comercio de las ciudades con la invasión de las grandes marcas puede ser una circunstancia en la que el pequeño comerciante se vea indefenso por razones de fortaleza y tamaño, pero que desde las grandes instancias del Estado se promueva este modelo parece que va en contra de los principios de la competencia por perseguir el monopolio y la uniformización de la oferta comercial en nuestras urbes.
El ejemplo de Donostia puede ser paradigmático en este sentido. El sector del comercio luchó durante muchos años con la ayuda de las instituciones locales a favor de un modelo propio de proximidad, trato personal y de calidad evitando a toda costa la entrada de un gran competidor como era El Corte Inglés con la instalación de un gran establecimiento en el centro de la ciudad, hasta el punto de conseguir que la capital donostiarra sea, probablemente, la única ciudad del Estado de su tamaño y poder adquisitivo que no cuente con una instalación de este tipo.
Sin embargo, los comerciantes donostiarras pudieron con El Corte Inglés, pero han sucumbido con el otro gran gigante, el grupo Inditex que, con otra fórmula, a través de la adquisición o alquiler de locales de menor dimensión para dar presencia a sus numerosas enseñas comerciales, ha ido copando las mejores calles del centro hasta convertirse en un gran centro comercial. De esta forma, Donostia, que hasta entonces ofertaba un valor añadido en su comercio -hasta el punto de que ciudadanos de otros territorios acudían a comprar aquellos artículos que no encontraban en sus ciudades de origen-, se ha uniformizado de tal forma, que, salvo las condiciones climatológicas y algunos rasgos propios del paisaje, no hay mucha diferencia entre pasear por la avenida de la Libertad, las calles Loiola y Getaria, entre otras, y hacerlo en el centro urbano comercial de cualquier ciudad del Estado.
La apuesta que ha hecho Donostia por las grandes marcas textiles de low cost, a partir de la remodelación del mercado San Martín con la puesta en marcha de la tienda más grande, en ese momento, de Zara, y que tuvo como efecto el descubrimiento de un turismo comercial protagonizado por ciudadanos de Iparralde abandonando el comercio local, parece que puede tener los días contados tras la apertura hace unos meses de un establecimiento de esa marca en un centro comercial de Baiona.
La respuesta a esta situación no se va a centrar en la apuesta por un comercio local, singular y con una oferta propia y diferenciada que va en línea con el modelo de turismo de calidad y poder adquisitivo que se persigue para Donostia -ya que el turista que viene a comer a un restaurante de tres estrellas Michelin y se hospeda en un hotel de cuatro estrellas no cuenta en Donostia con un comercio donde efectuar unas compras de ese nivel-, sino que parece que se va a entrar en una guerra por instalar otras marcas low coste de efecto tractor en los centros comerciales que se van a ampliar como el de Garbera o el previsto en Illunbe.
La única forma de romper con la uniformización del comercio en las ciudades que persigue el Estado, a través de la sentencia del TC, es por la vía de la negociación colectiva que impone el respeto a la decisión de las partes, por lo que en la medida en que se fortalezcan los acuerdos entre empresarios y trabajadores, el sector se hará más fuerte y, por lo tanto, será la mejor manera de proteger al pequeño comercio.
La sentencia del TC también compete a los horarios comerciales, que en el Estado son de 90 horas semanales frente a las 72 en Euskadi, por no hablar de la apertura en festivos. Una situación que origina que hoy Ikea cierre en Barakaldo y Pamplona y no en los locales del Estado, sin que por ello el consumidor vasco se resienta por dedicar un día a otro ocio que no sea el del consumo, en contra de los que algunos nos quieren imponer.
En este contexto, la reunión que el martes mantendrán Confebask, ELA, LAB, CCOO y UGT para empezar a negociar un acuerdo interprofesional para salvaguardar los convenios de ámbito vasco frente a los de carácter estatal, en línea con los intereses que plantea la economía vasca, se presenta esperanzadora.
Es una prueba más de que la uniformización de las relaciones laborales que desde el Estado se ha pretendido con la puesta en marcha de la reforma laboral, que no contempla las distintas realidades económicas que existen en el Estado y que no fueron tenidas en cuenta en su día ni por el legislador ni por el Gobierno que elaboró la norma.
Está claro que la reforma laboral del PP ha contribuido a agudizar el deterioro de las condiciones laborales y al vacío regulatorio, especialmente en las pymes, a lo que hay que añadir que los pactos de empresa han provocado la desaparición de la negociación colectiva sectorial. Algunos expertos laborales coinciden en asegurar que es necesaria la permanencia de convenios colectivos provinciales sectoriales o, en su caso, de carácter autonómico, que se adaptan más a la realidad de cada territorio.
Si la reunión del 30 de noviembre sirvió de toma de contacto entre las partes -tras cinco años de ausencia de diálogo, en lo que se refiere a la negociación colectiva con los sindicatos abertzales-, en el encuentro del martes los sindicatos presentarán sus propuestas a la oferta genérica hecha por la patronal para encarar una negociación colectiva en la que prime el ámbito vasco sobre el estatal. Se trata de reenganchar a los 356.873 trabajadores que están en una situación de limbo laboral con sus convenios decaídos o prorrogados por culpa de una reforma laboral ideada y concebida en Madrid sin atender a las peculiaridades de cada territorio.