Cuando el Estado no funciona
Hace unas semanas me pronunciaba a favor de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, no ya porque no sea una reivindicación histórica a un Estado que dice que hay que cumplir la ley en aquellas cuestiones que no le interesa afrontar y se olvida de aplicar la norma cuando le afectan negativamente, sino porque figura como uno de los asuntos importantes de la acción del Gobierno Vasco en los próximos cuatros años, gracias al acuerdo suscrito entre el PNV y el PSE.
Teniendo el apoyo de los socialistas, que históricamente se han opuesto al traspaso de la competencia por lo que suponía romper la caja única -un argumento de baja consistencia porque existen otros instrumentos para garantizar la solidaridad interterritorial-, la reivindicación adquiere otra dimensión política que va más allá de una exigencia liderada hasta ahora por el PNV, al insistir también en la necesidad de completar el autogobierno desde el punto de vista de garantizar el estado de bienestar de los ciudadanos y de prestar el mejor servicio público a los contribuyentes.
Y aquí, a pesar de su reiterada oposición al traspaso, el Estado está incumpliendo con su obligación de dar el mejor servicio a los ciudadanos que, en sus consultas al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) sobre diferentes tipos de prestaciones como las de jubilación, viudedad y orfandad o incapacidad laboral, tienen que esperar 21 días para concertar una cita previa debido a una total falta de personal. En el último trienio, el número de funcionarios, tanto del INSS como de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que se encarga de la recaudación a través de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, ha supuesto una disminución del 10% y, a finales de este año, será de un 20% con respecto a 2012 porque las jubilaciones no se están cubriendo con nuevo personal.
El previsible colapso del INSS y de la TGSS en Gipuzkoa en un plazo máximo de dos años por la evidente falta de personal es un riesgo claro si no se toman con carácter urgente medidas adecuadas como el refuerzo de la actual plantilla y reemplazar a los trabajadores que se van a jubilar o lo tienen previsto hacerlo, ya que, casi la mitad son mayores de 55 años, según recoge en una información publicada por NOTICIAS DE GIPUZKOA el pasado jueves.
Estos datos ponen de relieve que el Estado no funciona a la hora de dar servicio a los ciudadanos vascos porque prima el objetivo economicista de la destrucción y amortización de plantilla, como consecuencia de los recortes realizados la pasada legislatura por el PP, al tiempo que se fomenta la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores, con lo que ante esa mala gestión, lo pertinente es la transferencia cuanto antes del régimen económico de la Seguridad Social.
El argumento de que esa deficiencia en el servicio por falta de personal que no se quiere sustituir por nuevos trabajadores se da también en el conjunto del Estado que ha supuesto la desaparición de 1.473 funcionarios en tres años no es ninguna excusa para explicar en términos racionales la situación y, menos, cuando alguien está dispuesto a asumir esa gestión no porque lo vaya a hacer mejor -que a la vista también está-, sino porque le corresponde, tal y como recoge en el Estatuto de Gernika.
Y si la prestación de un mejor servicio es un argumento muy sólido a la hora de exigir la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, mucho más lo es cuando estamos en vísperas de una reforma del sistema de pensiones en el Estado -diseñado para una realidad del año 1963 y que poco tiene que ver con la actual-, que debería gestionarse desde Euskadi para ajustarse mucho mejor a las necesidades que tiene la ciudadanía vasca desde unos parámetros que garanticen su viabilidad.
La cuestión no es baladí si tenemos en cuenta que el PP está metiendo el acelerador en las comparecencias que está realizando la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de Madrid para tener un diagnóstico sobre cómo afrontar la reforma del sistema de pensiones, algo que está llamando la atención sobre alguna supuesta intencionalidad política en clave electoral de cara a futuro.
Máxime si se tiene en cuenta que al Fondo de Reserva de las pensiones solo le queda un remanente de 16.000 millones de euros que puede agotarse el próximo año, sino se arbitran medidas especiales que puedan paliar una mala gestión del PP que, con la excusa de crear empleo, ha arbitrado exenciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que pagan los empresarios, cuando esas políticas deberían de ser propias de Gobierno y en nada tenían que afectar a las pensiones. Es más, esas deducciones tampoco han servido de incentivo para aumentar el número de contrataciones porque el empleo que se ha creado ha sido el que demandaba el mercado y encima de mala calidad y baja retribución.
Por otra parte, esta semana medio vacacional que algunos han disfrutado, antesala de las próximas fiestas navideñas -gracias a un incumplimiento de una promesa de Rajoy de eliminar los puentes mediante el traslado de las fiestas a los lunes o viernes, al igual que se hace en los países avanzados de Europa-, se ha puesto en evidencia la necesidad de resolver de manera importante la regulación de las viviendas de alquiler para uso turístico desde unos parámetros de calidad y buen servicio. Se trata de buscar la mayor sostenibilidad de una actividad económica como es la del turismo, y una mejor cohabitación entre los habitantes de Donostia y sus visitantes que evite situaciones conflictivas de convivencia como las que se han podido producir en el pasado.
Está claro que la oferta de viviendas particulares para uso turístico, que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tres años y que se localiza fundamentalmente en el área de Donostia, ha llegado para quedarse. Estos pisos turísticos pueden estar moviendo alrededor de unos 50.000 huéspedes que eligen este tipo de alojamientos, pero no por ello necesita una mayor regulación que vaya más allá que un mero registro público.
La fuerza que está teniendo la economía colaborativa a través de operadores que tienen su sede social en el extranjero y que comercializan estas viviendas turísticas a través de portales digitales, está provocando que por una falta de control a través del IVA y de las rentas que se generan por esa actividad económica no lleguen a las arcas públicas importantes recursos financieros. En medios del sector turístico se calcula que existen un total de 1.600 viviendas que se alquilan a través de estos portales digitales, de los que solo cuatro son los que concentran la mayor operatividad en el mercado, y que podrían generar una facturación estimada en 20 millones de euros al año.
En el caso de una de estas comercializadoras on line con sede en un país europeo, la operativa consiste en cobrar al cliente final el alojamiento por el tiempo estipulado, quedándose un margen del 25%, mientras que factura una comisión del 3% al propietario de la vivienda por utilizar sus servicios de gestión sin otros añadidos, a través de entidades financieras radicadas en el extranjero.
Una actuación cerca de estas operadoras on line permitiría no solo regularizar la situación desde el punto de vista fiscal, sino también un mayor control sobre este sistema de alojamiento que surgió ante la escasez de plazas hoteleras, para evitar que sea negativo a la hora de desarrollar un turismo sostenible y de calidad en Donostia. Este descontrol está ya afectando de manera directa a los propios donostiarras, que se están viendo imposibilitados de poder vivir en determinadas zonas de la ciudad por la paralización de la oferta inmobiliaria, tanto en la compra-venta como en el alquiler convencional de larga duración, debido a la existencia de estas viviendas turísticas.
De existir ese control, más de la mitad de los pisos turísticos dejarían de ser rentables y volverían al mercado de alquiler convencional y de larga duración, según estimaciones hechas en el sector turístico, con lo que no solo aumentaría la oferta de arrendamientos, sino que descenderían los precios de las viviendas. Una cuestión a tener en cuenta en términos de sostenibilidad y de cohesión social y urbana.