El traspaso de la Seguridad Social
El acuerdo de gobierno suscrito entre el PNV y el PSE y que va a conformar la acción del Gobierno Vasco para los próximos cuatro años recoge de manera clara la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social “dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad”, tal y como recoge la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika. No es una cuestión que forme parte a modo de inventario de una reivindicación histórica que ha formado parte de los informes de transferencias pendientes que el Parlamento Vasco aprobó en los años 1993 y 1995, sino de una necesidad que se antoja vital ante la necesidad de reforma que debe afrontar el sistema público de pensiones.
La transferencia del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi se considera urgente con el fin de que la reforma que debe llevarse a cabo en el sistema de pensiones, -que está diseñado para una realidad del año 1963 y que poco tiene que ver con la actual-, pueda gestionarse en el País Vasco para ajustarse mucho mejor a las necesidades que tiene la ciudadanía vasca desde unos parámetros que garanticen su viabilidad.
La pertenencia de la Seguridad Social a manos del Estado, en lo que se refiere tanto a la recaudación a través de las cotizaciones de los trabajadores y de las empresas, como a las prestaciones, tras la reforma que debe realizarse, puede dar lugar a un nuevo diseño con poco encaje en la realidad vasca. Entre otras cuestiones porque la conjunción de las políticas activas de empleo, que desarrolla Lanbide tendentes a la disminución de las prestaciones de desempleo por el aumento de la actividad económica y la creación de puestos de trabajo, y las políticas pasivas y de prestaciones dibujan un escenario donde la gestión puede ser más eficaz y más garantista, porque se parte de una visión más completa y minuciosa de la propia realidad.
Partiendo de que el sistema es y va a ser deficitario, una reforma hecha desde una visión vasca reordenaría y racionalizaría los recursos para este fin, teniendo en cuenta la existencia en este momento de una coincidencia de las prestaciones que realiza la Seguridad Social con otros espacios presupuestarios propios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Este es el caso del complemento que reciben las pensiones mínimas y otro tipo de prestaciones que hace el Estado y que en Euskadi alcanzan niveles de dignidad gracias a la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Un complemento que sale de los Presupuestos del Gobierno Vasco.
El déficit que va a ocasionar el sistema de pensiones español alcanzará a final de este año la cifra de 17.600 millones de euros, lo que quiere decir que el Fondo de Reserva puede agotarse en 2017 al tener solo un remanente de 16.000 millones de euros. El gobierno de Rajoy ha ido liquidando las pensiones a través de la disposición de ese fondo, sin atreverse hasta ahora a acometer una reforma en profundidad del sistema. Esa situación se quiere subsanar el próximo año con las conclusiones que salgan de la Comisión del Pacto de Toledo, que ha sido la primera en ponerse en marcha en el Parlamento español. Rajoy heredó la hucha de las pensiones con un total de 65.000 millones de euros cuando llegó al Gobierno en el año 2011, tras suceder a Rodríguez Zapatero.
La aceptación del PSE de la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social pone también en evidencia una de las cuestiones que a modo de línea roja han puesto históricamente los socialistas para oponerse al traspaso de esta competencia, a pesar de estar recogida en el Estatuto de Gernika, como la caja única. La oposición socialista al traspaso de la Seguridad Social porque se rompía la caja única y, con ello, no se garantizaba la solidaridad financiera interterritorial, ha sido siempre un argumento de baja porque existen otros instrumentos que pueden permitir alcanzar ese objetivo. Es una cuestión, que si hay voluntad política para ello, puede desaparecer totalmente y sin ningún grado de afección, porque no está recogida en la Constitución, ni, por supuesto, en el Estatuto de Gernika.
Una gestión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en manos vascas, mejoraría también de manera importante en lo que supone de dar un servicio eficaz y de calidad a los ciudadanos ante la actual situación de falta de personal y medios que está disponiendo el Estado en estos momentos.
El deterioro del servicio que está ofreciendo tanto el INSS como el TGSS en Gipuzkoa es de tal magnitud que el representante del sindicato ELA en la comisión ejecutiva provincial de este organismo -formada por miembros de esa institución, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Delegación del Gobierno, la patronal Adegi y los sindicatos-, ha presentado una denuncia por la mala atención que están recibiendo los ciudadanos en este servicio público dependiente del Estado debido a la importante falta de personal. La queja tuvo lugar en la reunión que este órgano celebró el pasado viernes en Donostia.
La amortización de los puestos de trabajo que desde hace algún tiempo está realizando el INSS y la TGSS de aquellos funcionarios que se jubilan, sin que sean sustituidos por nuevo personal, está provocando un retraso de 20 días a la hora de conceder citas para realización de cualquier gestión o, en el peor de los casos, su suspensión por la imposibilidad material de los funcionarios de poder atenderlas dentro de la jornada laboral.
Es tal la deficiencia del servicio que, para disponer de un cálculo orientativo de la pensión que le va a quedar a un trabajador al jubilarse, los plazos de petición de información se han acotado a tres meses con anterioridad a la fecha que se pretende darse de baja, sin que ello suponga que la información se vaya a producir en tiempo y forma, sino pasado un buen periodo después del día previsto para abandonar la actividad laboral, con lo que se puede dar el caso de personas que se jubilan sin saber cuál va a ser el importe de su pensión. Esta situación está provocando un aumento de la presión de los actuales funcionarios que no dan abasto al tener que realizar las mismas funciones que llevaban a cabo en el pasado, aunque con bastante menos personal.
A la vista de esta situación, el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social y la posterior constitución de un Sistema Vasco de Pensiones se antoja como algo urgente, a pesar de aquellos que pueden mantener una posición contraria al argumentar que es una competencia envenenada por ser deficitaria. Sin embargo, una gestión realizada desde parámetros de sostenibilidad y equilibrio puede dar lugar a garantizar su viabilidad futura.
De la misma forma que en el pasado pudieron ser consideradas también como deficitarias otras competencias en el momento de su transferencia al Gobierno Vasco, -algunas de ellas vinculadas estrechamente con el estado de bienestar y que concentran gran parte del gasto público vasco-, y que, sin embargo, con el tiempo su gestión ha resultado plenamente satisfactoria para la sociedad vasca.
Es ese modelo vasco de hacer las cosas que, en este momento, está siendo objeto de estudio en la universidad de Harvard que ha analizado el caso del Instituto Vasco de Competitividad Orkestra, que este año cumple el décimo aniversario de su constitución, para darlo a conocer en el mundo por las especificidades que ha desarrollado y que le hacen ser único entre los centros de este tipo que existen en el concierto internacional.
De la misma forma que en el Gobierno de Argentina se debate entre el modelo económico de Australia y el que se ha desarrollado en Euskadi a la hora de poner en marcha un plan de reconversión de su tejido industrial y productivo. Mientras el presidente, Mauricio Macri, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera, se decantan y toman como referencia a Australia, el secretario de Industria y exdirector ejecutivo de la patronal Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Etchegoyen, -conocedor por sus orígenes familiares de nuestra realidad-, está poniendo de ejemplo el modelo económico vasco basado en el sector industrial y manufacturero, valorando la resistencia que ha demostrado durante la gran recesión de 2007.
Un modelo que hace que Euskadi sea la región del Estado con el nivel de inglés más alto, por detrás de países como Holanda, que arroja una puntuación de 72,15, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y Luxemburgo con 63,20 puntos. El último ranking de Education First, la mayor organización mundial de enseñanza de idiomas, da una puntuación a Euskadi de 62,57 frente al 56,66 de la media española que ocupa el puesto 19 de Europa. Todo un ejemplo de cómo la apuesta por la industrialización y la entrada en nuevos sectores productivos con el impulso por la innovación, la internacionalización y la competitividad no solo está dando sus buenos frutos aquí, sino que incluso se convierte en un referente para muchos países.