la cobertura informativa del reparto de nuevas frecuencias televisivas ha sido más bien escaso y la relevancia dada por agraciados y desgraciados en la lotería habitual de nuevas líneas de transmisión televisual, recién comunicada por el Gobierno de Mariano Rajoy, más bien menor. El modelo español de explotación televisiva y radiofónica está basado en la titularidad, es decir propiedad final, de las frecuencias técnicas por las que emiten cadenas de radio y emisoras de televisión; y ello es así, en el llamado mundo occidental, desde comienzo de emisiones en el siglo XX y supone un poder desmedido de las administraciones que tienen en su mano otorgar frecuencias a unos sí y a otros no.
Llama poderosamente la atención la frecuencia con la que los gobiernos entregan estas concesiones en calendas próximas de llamada electoral, lo que supone un mosqueo ciudadano de connivencia entre poder mediático y ejecutivo, en un jumelage que debiera evitarse, aunque solamente fuera por una mera cuestión de apariencias.
La falta de repercusión mediática en el momento actual se debe al contento de las dos grandes cadenas de tele, Mediaset y Atresmedia que reciben un nuevo canal respectivamente de los seis que han salido a concurso, tres soportes de alta definición (la tele del futuro inmediato) y tres de TDT, última revolución técnica en la que emiten y que conforman un panorama bastante cabal para la pluralidad informativa y empresarial. Estos cambios no afectan al sector público que mantienen poderosa oferta estatal y autonómica; por cierto la Radio Televisión Valenciana volverá a emitir en el mes que acaba de comenzar, con nuevo formato de contenidos y estructura empresarial ajustada a dineros de actual Generalitat y lejos de los fastos y gastos de pasados gobiernos autonómicos del defenestrado poder.
