A comienzos de este mes de abril el Gobierno Vasco dio a conocer el denominado programa Zuzendu, uno más de los frecuentes documentos con que la Secretaría de Paz y Convivencia afronta el difícil reto de generar oportunidades de diálogo que activen el proceso de reconciliación. A decir verdad, el documento ha pasado casi desapercibido, teniendo en cuenta que se ha dado a conocer en pleno fuego cruzado preelectoral y las formaciones políticas, al igual que la tensión mediática, están a otra cosa. El programa propuesto solo ha recibido la crítica fugaz y de oficio por parte de Sortu y la displicencia del resto, que está centrado en sus propias incertidumbres y en las corrupciones varias con sede en Madrid.
Una lectura atenta del documento constata que los múltiples empeños del Gobierno Vasco por sacar adelante su Plan de Paz y Convivencia tropiezan con un estancamiento desesperante de los consensos políticos y parlamentarios. Una falta de consenso de la que nadie quiere hacerse responsable, pero que tiene un claro origen en el pasado. “El pasado nos duele y nos aleja”, dice expresamente el texto en su capítulo de presentación.
Las heridas del pasado, un pasado muy reciente de terrorismo, violencia, vulneraciones de derechos humanos y abismos convivenciales, dificultan cualquier consenso y obligan a plantearse la generación de espacios de confianza para afrontar en común temas tan claves como los aún pendientes para el acuerdo en materia de paz y convivencia o de política penitenciaria y reinserción.
El programa Zuzendu afronta este obstáculo del pasado con una propuesta básica: la autocrítica, como clave para superar ese peso, rehacer el presente y enfocar el futuro. La autocrítica, que ya figuraba como elemental en el informe de vulneraciones de derechos humanos (1960-2010) elaborado por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Mugica y Juan María Uriarte y presentado en 2013. Recomendaba este informe “realizar una mirada autocrítica y responsable del pasado, con una mirada preferencial a las víctimas, sobre todo a aquellas cuya vida fue segada injustamente”.
Recoge Zuzendu el guante de la autocrítica y se empeña en divulgar su pedagogía para aplicarla en las pasadas vulneraciones de derechos humanos. Parte esa pedagogía de la imperfección del ser humano, que precisa para su equilibrio de la herramienta de la rectificación. La rectificación del error en la convivencia “tiene el poder de reparar y enmendar lo que ha estado mal hecho o dicho”.
La rectificación es, a fin de cuentas, una consecuencia de la autocrítica que no será tal si no es sincera, honesta y unilateral. Atribuye el documento a la autocrítica efectos reparadores que no sólo reconcilian consigo mismo a quien la ejerce sino que también facilita el acercamiento de los agraviados. Especifica que la autocrítica debe ser necesaria cuando se ha practicado o aprobado la violación de derechos humanos, cuando no se ha sido lo suficientemente firme ante su vulneración o no se ha reaccionado ante sus consecuencias.
Miramos hacia nuestro pasado, y nos topamos de manera reiterada con este tipo de conductas: violaciones directas de los derechos humanos, tibieza en su reproche o inhibición pura y dura mirando hacia otro lado. Incide especialmente en la necesidad de autocrítica referida a la violencia de ETA, autocrítica que el documento basa en “la expresa demanda social y política”. Y en este punto entramos en el vértice del desencuentro, porque el sector social que en el pasado adoptó estrategias políticas que justificaban la vulneración de derechos humanos sigue rechazando la exigencia de la autocrítica.
En su rechazo al programa Zuzendu, el portavoz de Sortu dice estar de acuerdo con la necesidad de autocrítica, pero no en los términos en que la plantea el documento del Gobierno Vasco. La autocrítica para todos, y no siempre para ellos, dicen. Es lo que toca, es la respuesta-tipo que corresponde al actual estancamiento.
No tiene en cuenta la izquierda abertzale una de las más interesantes novedades plasmadas en Zuzendu, que si reclama autocrítica por la violación de los derechos humanos como arma política, por la aberrante socialización del sufrimiento implantada por la Ponencia Oldartzen, por la violencia estatal, la tortura, el terrorismo de Estado o el abuso del poder penal y penitenciario, lo hace también por el alejamiento de las víctimas por parte del pacto de Ajuria Enea y por la invisibilización institucional de las víctimas de los GAL o grupos de extrema derecha y de abusos policiales.
A todos nos interpela Zuzendu, y para ello propone proyectos concretos de divulgación, creación de condiciones favorables y eventos de reflexión. Que este no sea este el momento más oportuno lo prueba la fría acogida del documento. Y es que la asignatura pendiente no es la falta de propuestas, sino el aplastante peso del pasado del que tanto nos cuesta liberarnos.
El sector que en el pasado adoptó estrategias políticas que justificaban la vulneración de los derechos humanos sigue rechazando la exigencia de autocrítica
