t ermina el verano, y con él las fiestas locales en toda Euskal Herria. Puede decirse que en ninguna de ellas ha faltado la reivindicación más o menos numerosa, más o menos agitada, del respeto a los derechos de los presos políticos vascos. El cumplimiento de los beneficios que contempla la legislación penitenciaria, la puesta en libertad de los enfermos graves o incurables y el fin de la dispersión han sido de nuevo la banda sonora del verano festivo. Comenzado el curso político, este mismo tema seguirá situado en primera fila de movilización, quizá menos reiterado pero más intenso.
Es indudable el apoyo mayoritario a esta demanda por parte de las fuerzas políticas representadas en las instituciones, como también es indudable la indiferencia mayoritaria de la sociedad vasca ante esa situación injusta. Esta indiferencia generalizada no solamente se constata en relación al padecimiento de los aproximadamente quinientos que permanecen en las cárceles españolas y francesas, sino también ante la penosa situación en la que se encuentran los que van saliendo en libertad, la mayoría tras decenas de años de dura reclusión.
Conviene recordar la asamblea de ex presos/as celebrada en Durango a principios de este año. Se había comenzado a aplicar la resolución del Tribunal Europeo que anulaba la doctrina Parot y buena parte de los beneficiados con una libertad que llegaba con años de retraso denunciaban la actitud del Gobierno español y manifestaban su compromiso con el nuevo escenario político. La foto final, la foto de familia, pudo ser épica para algunos, pero creo que fue patética para la mayoría. Ahí se sumaban 1.500 años de cárcel, pero también más de 3.000 años de edad. La mayoría acababan de salir de largas reclusiones y volvían a la vida real sin más posibilidades de supervivencia digna que las ayudas sociales o familiares, con escasas oportunidades de inserción laboral. Y es ya conocido el difícil, en algunos casos dramático, regreso a la realidad de muchos de los protagonistas de la foto de Durango.
Lamento no recordar el nombre provisional que se puso a una especie de asociación promovida por algunos conocidos miembros de la izquierda abertzale para la acogida, apoyo y asistencia digna a los presos políticos. La iniciativa cristalizó posteriormente en la creación por parte de ex presos políticos de Harrera Elkartea, que proporcionaría a los que salieran en libertad ayuda jurídica, ayuda médica, ayuda económica, integración en el mundo laboral y vivienda digna. Harrera, hoy gestionada casi en soledad por el ex preso Juan Carlos Ioldi, ha quedado muy lejos de cumplir esos objetivos y hoy día se están produciendo situaciones dramáticas que tienen muy difícil solución.
Es conocido el empeño de algunas estrategias políticas por implicar a toda la sociedad vasca en la solución de los problemas surgidos en torno a los centenares de encarcelados acusados de vinculación con ETA. Y en realidad, toda la sociedad vasca debería sentirse interpelada por la falta de respeto a los derechos humanos de los presos y al castigo vengativo sobre sus familias. Esa implicación pretenden algunos fundamentarla en la supuesta deuda que la sociedad vasca tiene con esos presos políticos.
Sin embargo, hay que diferenciar la exigencia ética del respeto a los derechos de los presos, que por supuesto implica a toda la sociedad, de la auténtica deuda con ellos, que es exclusiva de la izquierda abertzale. Porque los presos/as han estado y están en la cárcel por sus actos contrarios a la ley, y han formado parte del diagnóstico colectivo que hasta hace tres años compartían con la izquierda abertzale, según el cual la lucha armada era un mal menor para lograr el bien mayor de su proyecto político. Ese diagnóstico compartido en todas las estructuras del MLNV, que hoy se reconoce como erróneo y derrotado, ha dejado un macabro reguero de víctimas y centenares de familias con sus miembros en la cárcel.
Es la izquierda abertzale la que tiene una deuda con los presos, tanto los que permanecen en las cárceles como los que han aterrizado en una libertad desapacible y angustiosa. Tiene una deuda específica con los que ahora están en la calle con las manos vacías porque no basta la minúscula ayuda económica que puede aportarles Harrera. Tiene, además, otra deuda quizá más gravosa con los que no han salido aún en libertad ni saldrán en mucho tiempo.
La izquierda abertzale, entrampada en esta deuda, tendrá que ofrecer un camino a las familias de los presos para su resocialización, más allá de la pancarta y a la soflama demagógica. Y la cruda realidad es que hasta ahora no ha aportado ninguna solución.
En una perspectiva de futuro para solventar esta deuda, hay que ser realista. Y ese realismo pasa por aprovechar todos los resquicios legales y expresar con claridad una valoración crítica de la lucha armada. La pregunta es si se le deja solo a cada preso para una autocrítica individual, o si ese reconocimiento es colectivo. Aunque hay una pregunta previa: ¿reconoce la izquierda abertzale, o tiene valor para reconocerlo, que aquella estrategia compartida por todo el MLNV fue un error?
