El conflicto de Corrugados Azpeitia
Los más de dos meses de huelga indefinida que han cumplido ya los trabajadores de Corrugados Azpeitia, perteneciente al grupo extremeño Alfonso Gallardo, sin que se atisbe en el horizonte ninguna solución a un problema han hecho que se haya convertido en una cuestión que no sólo afecta a los 245 empleados, que todavía quedan en la planta, de los 405 que había a finales de 2011, sino que transciende al propio municipio guipuzcoano, a toda la comarca del Urola y, en general, a toda Gipuzkoa.
La falta de disposición por parte del Grupo Alfonso Gallardo de buscar una solución al conflicto se evidencia en la total ausencia de interlocución que han tenido los trabajadores con la dirección de la planta de Azpeitia, que ha demostrado que carece de autonomía, y en la tardanza de casi dos meses en forzar una reunión con el consejero de la corporación pacense, Manuel Romero. En el encuentro, aparte de mantenerse firme en el despido de 60 trabajadores y en el ERE presentado para reducir los salarios un 35% y aumentar la jornada laboral en 49 horas, les manifestó una cuestión clara: la planta seguirá activa si no genera pérdidas.
Dicho de otra forma, Gallardo está esperando un cambio de ciclo económico para intentar vender la planta, al igual que quiso hacer hace ahora un año en una operación con la brasileña Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que rechazó adquirir las instalaciones guipuzcoanas para quedarse con la joya de la corona, una acería en la localidad alemana de Thüringen, a pesar de que iba en el mismo paquete. Entre tanto quiere hacer atractivas las instalaciones de Azpeitia, reduciendo la plantilla y ajustarla al actual nivel de demanda del mercado de los aceros corrugados que está directamente relacionado con el sector de la construcción.
Y teniendo en cuenta ese objetivo y la coyuntura económica en la que está el sector, no parece que el propio Gallardo, por mucho que diga a los trabajadores que hay desbloquear el conflicto, tenga la intención de reanudar la actividad de Azpeitia teniendo en cuenta que tiene otra planta en la localidad madrileña de Getafe que también produce acero corrugado. ¿Qué garantías hay de que con la excusa del conflicto. Gallardo no decida trasladar la poca producción existente hasta ahora en Azpeitia a esta planta?
Desde que la crisis obligó a mediados del año pasado a reducir la producción, la actuación de Gallardo con la planta de Azpeitia ha estado llena de decisiones forzadas por las circunstancias que poco han correspondido con la realidad, al margen de demostrar un desconocimiento del entorno en el que se ubica la factoría, lo que ha puesto en evidencia las dificultades que genera gestionar una empresa cuando la capacidad de decisión está situada a 796 kilómetros de distancia.
A principios de este año, el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa concedieron al Grupo Alfonso Gallardo un crédito participativo de cinco millones de euros, con el único fin de mantener la actividad de la planta, una vez que a través de un ERE de extinción de contratos, la corporación extremeña se deshizo de 100 trabajadores.
Seis meses después de haber recibido esos recursos públicos, nos encontramos con que la corporación extremeña, aprovechándose de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PP, presentó en junio un ERE de extinción de contrato para 60 trabajadores más la reducción del 35% del salario y el aumento en 49 horas de la jornada laboral para los restantes que todavía quedan, a lo que hay que añadir una factoría paralizada desde hace más de dos meses.
Por si faltase más argumentación para que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Gipuzkoa reclamen de Gallardo a la mayor brevedad el compromiso para mantener operativa la planta de Azpeitia, el delegado territorial de Gipuzkoa de Empleo y Asuntos Sociales, Francisco Javier Díez Miguel, ha hecho un informe demoledor sobre el comportamiento que ha tenido el grupo extremeño con los trabajadores, al señalar que el ERE presentado por la empresa sería declarado nulo con arreglo a la normativa anterior a la reforma laboral del PP, al no cumplir con un requisito mínimo como es el de establecer un proceso de negociación con los empleados. La situación fue tal que la propia empresa rechazó la intermediación a la que se ofreció la Autoridad Laboral, a petición de los trabajadores por la cerrazón al diálogo de la dirección, hasta el punto de que el delegado llega a referirse a una posible existencia de fraude legal por haberse viciado de inicio todo el proceso.
El caso de Corrugados Azpeitia confirma el proceso típico en la deslocalización de una empresa, no importa que el poder de decisión esté a 796 o a 4.000 kilómetros de distancia, que tiene un peso social importante en una comarca como la del Urola, a no ser que desde las instituciones vascas se tomen urgentes decisiones para garantizar su actividad.
No solo porque afecta a la empresa más importante de Azpeitia, sino porque forma parte del estratégico sector siderúrgico vasco que, en este momento, salvo contadas excepciones está en manos de grupos multinacionales y al que le hace falta contar con una estrategia de país en una colaboración público-privada que trate de evitar situaciones como ésta, mucho más, en un segmento como el de corrugados que tiene futuro y que es exportador.