el acuerdo político que ha posibilitado la materialización de la iniciativa parlamentaria presentada la semana pasada sobre la creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, respaldado por PNV, PSE, tres parlamentarios expulsados de Aralar y el parlamentario de Ezker Anitza tiene mucho más calado del que la polémica sobre las ausencias ha despertado.

Y retrata a cada cual, porque la cerrazón o el corsé que muestra el Partido Popular para poder compartir con otras formaciones parlamentarias las políticas relativas a la memoria de todas las víctimas demuestra su incapacidad para desmarcarse de la presión ejercida desde ciertas asociaciones de víctimas y para evolucionar dentro de un espacio democrático compartido por todo el resto del arco político vasco, excepto los partidos que componen Amaiur, con argumentos que suenan débiles y sin entrar al fondo del debate abierto en torno al objetivo y fines del Instituto.

De nuevo se produce una llamativa coincidencia entre ambos extremos políticos, unidos en el rechazo de iniciativas, como la del Instituto de la Memoria, que son necesarias, útiles y válidas para construir las bases de nuestra convivencia. Acordar no es claudicar. Es avanzar. Y en un campo tan importante como este, clave para la futura convivencia en paz, no cabe refugiarse en presiones externas.

¿Cabe acusar de falsa equidistancia a la propuesta? No. ¿Existe la pretensión de equiparación de violencias y de víctimas? Tampoco. Se trata de lograr algo que es de justicia: el reconocimiento de las diferentes violencias que han enturbiado nuestro pasado, el acuerdo para abordar todos los sufrimientos padecidos en Euskadi, incluidos por supuesto la Guerra Civil y el régimen totalitario, la dictadura que siguió a la guerra y el reconocimiento a las víctimas: las del terrorismo, sí, pero también aquellas otras que quedaban fuera de la ley, en relación a la cuales el importante avance logrado durante esta legislatura puede rematarse si se logra, como es esperable y deseable, la aprobación del Decreto sobre víctimas de abusos policiales.

Leer la exposición de motivos o preámbulo de la propuesta permite apreciar un responsable y acertado concepto de memoria democrática: la memoria de la responsabilidad, como derecho civil que fundamenta una política pública no excluyente.

En una democracia la escritura de la historia solo puede hacerse en un marco de pluralismo, bajo la mirada vigilante y crítica de diversas memorias paralelas que discuten. No corresponde al legislador fijar de manera autoritaria una regla para la interpretación del pasado. Nuestra lectura de la historia es un trabajo nunca acabado y siempre problemático. El deber de la memoria ha de acompañarse de una aceptación de la complejidad histórica.

Y el acuerdo político alcanzado para lograr hacer realidad el Instituto de la Memoria contribuye a garantizar este objetivo, y a preservar, desarrollar y difundir, como señala su contenido, la memoria de las víctimas en defensa de los principios y valores en que se sustenta la convivencia democrática.

La especie de carrera por el relato, por tratar de lograr extender socialmente una determinada versión de lo acontecido durante nuestro pasado más reciente. Todos los finales de la violencia se transforman en luchas para imponer una versión de los sucedido o, cuando menos, para tratar de elaborar un relato que exculpe ante la propia facción.

Todos se preparan para no pasar a la historia demasiado mal. Cuando el debate está ubicado aquí es una buena señal, pues indica que la violencia pertenece ya al pasado. Y el pasado no puede prescindir de la historia, es decir, del estudio de lo que realmente ha ocurrido, basado en datos, no en impresiones subjetivas.

Se podrá modular la memoria, que siempre será subjetiva, construida y elaborada desde lo que cada uno de nosotros seleccionamos del recuerdo de lo vivido, pero no se puede asumir el pasado sin historia. La historia es necesaria para no vivir en la mentira. En el nuevo contexto, marcado por el fin definitivo de la violencia, queda mucho por hacer en el plano del reconocimiento de las víctimas, de la elaboración pública de la memoria y de la reconstrucción de la convivencia. De entrada, la sociedad vasca debe un especial reconocimiento a las víctimas, lo que constituye una condición necesaria para la convivencia futura en Euskadi.

Las víctimas son una referencia fundamental en una sociedad justa no por la ideología que profesaron sino por la injusticia que sufrieron y que merece ser reconocida y reparada en lo posible. La sociedad vasca ha avanzado en tal reconocimiento y tendrá que seguir haciéndolo para conseguir una memoria pública universal basada en la justicia y la verdad. El paso dado con esta iniciativa parlamentaria supone garantizar el pluralismo político en la construcción del marco de convivencia futuro.

Y quien desee quedar fuera deberá explicar por qué renuncia a participar en este reto, tan necesario como apasionante.