Desde que el 20 de octubre de 2011 ETA anunciase el final definitivo de su actividad armada, han sido reiterados los llamamientos al Gobierno español para resolver las consecuencias del conflicto. Es decir, se ha venido reclamando que se ponga fin de manera concluyente al conflicto armado que le ha enfrentado durante medio siglo con un sector tan minoritario como extremadamente radical de la sociedad vasca. Puesto que ese sector ha anunciado su voluntad de renunciar a la violencia armada, lo que se le pide al Gobierno es que proceda a gestionar ese final definitivo.

Cuestiones tan técnicas como el desarme, la localización de arsenales o las vías de financiación precisan, sobre todo, de diálogo al menos en el sentido de encuentro, de reunión entre las partes. Así se ha procedido siempre históricamente cuando se trata de una rendición, cosa que no dista mucho del comunicado del 20 de octubre. Este diálogo resolutivo ya lo requirieron las personalidades internacionales en la Conferencia de Paz de Aiete, lo han reiterado las fuerzas políticas mayoritarias vascas y, por supuesto, lo ha venido reclamando con insistencia la propia ETA.

La semana pasada, ETA hacía público el nombramiento de una comisión para dialogar con los gobiernos español y francés, al tiempo que implicaba a la Unión Europea para que intercediera por el impulso al proceso de paz.

Todos estos requerimientos, por desgracia, no pasan de voluntariosos brindis al sol o afanes propagandísticos. Desde el primer momento se ha podido comprobar que el Gobierno español no tiene ninguna intención de poner de su parte otra iniciativa que el mantenimiento del piñón fijo. Ya no se trata de que ETA deje de matar, "y en ese caso todo es posible", sino de ir tirando con el espantajo de que ETA "se disuelva". Todo lo demás es cuento. Los de Aiete eran unos payasos y qué mejor verificador que la Guardia Civil. No van a mover un dedo, ni a consentir claudicaciones permitiendo hablar a Carmen Gisasola o a Txelis. Faltaría más.

El gran problema para avanzar en este proceso es la negativa del Gobierno español a cualquier contacto, incluso por vías indirectas o muy discretas. Su condición indispensable de que ETA se disuelva genera serios problemas. En primer lugar, ETA ocupa el espacio de los que hasta ahora han defendido el uso de la lucha armada, y lo ocupa sin que se hayan producido escisiones. Es una ventaja respecto a lo que ocurrió en Irlanda. Si ETA desapareciese ahora del escenario dejando libre ese espacio simbólico, que podría ser ocupado por sectores críticos, una especie de ETA reconstituida, el riesgo de involución podría ser alto.

Por otra parte, hay que entender el final de la violencia en clave de proceso. ETA ya no utiliza la violencia, ya no es una organización terrorista. Ahora el siguiente paso es que deje de ser una organización armada, lo cual requiere poner en marcha un proceso técnico. No es serio que el ministro de Interior salga con la boutade de que dejen las armas en una campa, más le valía reconocer que este proceso técnico requiere de contactos para organizar el desarme.

Pero no. El Gobierno español no va a hacer nada de todo esto. Prefiere moverse en la indefinición para valorar en exclusiva los pasos que ETA vaya dando. Así, aunque ETA haga público un comunicado diciendo que se disuelve, siempre podrán decir que no es creíble y que hacen falta más pasos. Hay que evitar que ETA cumpla con lo que se le exige, porque entonces se quedarán sin argumentos para mantener su inmovilismo. Mejor dejar las cosas en el aire, continuar con el NO a todo y dejar que el enemigo pierda la paciencia. Así era el proceder de Franco.

El Gobierno español no se está tomando en serio todo este proceso y, si se mueve lo hace con tanta inconcreción como lo ha hecho con el plan de reinserción de presos, que no es más que un corta y pega de la legislación vigente.

Hoy por hoy, al Gobierno del PP le atenaza su flanco más ultra y las asociaciones de víctimas que creó para instrumentalizarlas electoralmente. Es descorazonador comprobar las profundas raíces inmovilistas que rezuman iniciativas como el Congreso de la Memoria, tan lejos de la reconciliación social.

Sería lógico reclamar de este Gobierno que abra contactos siquiera indirectos, y no vale la excusa de que pudieran producirse filtraciones porque gobiernos anteriores ya han demostrado que eso puede hacerse de manera discreta. Si el Gobierno no lo hace, que no lo va a hacer, ETA debería avanzar en la unilateralidad no para cumplir lo que le pide Madrid, sino para atender las peticiones de la sociedad vasca.