la economía europea de los últimos cincuenta años ha desarrollado dos sectores de actividad: privado y público en un modelo de coexistencia pacífica con años más exigentes por parte de los neoliberales y otros más distendidos de expansión de las empresas del dominio público. Cada país europeo ha llevado ritmos, campos de actuación y dimensiones de lo público muy diferentes y en la actual crisis económica, lo público está sometido a un ejercicio de redimensionamiento y puesta al día con las disponibilidades tributarias existentes. Los economistas partidarios del libre ejercicio en el mercado, entelequia que solo se hace visible cuando aprieta la prima de riesgo de la deuda soberana, exigen la privatización de empresas y organismos públicos en una defensa numantina de que lo privado con el apriorismo de que se gestiona mejor que lo público, llegándose al extremo en la época tacheriana de privatizar parte de la red de prisiones. Privatizar supone una disminución del gasto y un ingreso adicional para las arcas públicas pero a la vez, un desarme del aparato del Estado de difícil recuperación. En el caso de los medios de comunicación en cualquiera de los niveles: estatal, autonómico y local no se ha planteado de forma clara y explícita el debate de su privatización, aunque hace unas semanas la Comisión Nacional de la Competitividad informó positivamente sobre la posibilidad de iniciar un proceso de privatización de los medios públicos autonómicos. Se abre un debate sobre límites de la privatización, fases, baremación de justiprecio y otras cuestiones ligadas a la vida de cada televisión y parlamento autonómico que en ningún caso deberán ser intervenidas para asegurar el chocolate del loro de la financiación. El concepto y realidad de lo público marcará el futuro de este servicio al ciudadano.