LLEGADOS a este punto, con ETA definitivamente inactiva, el PP dueño y señor del Gobierno español, el de Patxi López en liquidación y los más altos tribunales a la espera de mudanzas, parece que todos han caído en la cuenta de que aquí queda un problema -el problema- por resolver.

Pocas dudas cabían sobre la disposición de una parte de las fuerzas políticas vascas, que desde el momento en que se puso en marcha el proceso de paz y normalización manifestaron su voluntad de aprovechar la oportunidad.

Es la otra parte, la que en realidad tiene la llave para la solución, la que como no sabe por dónde empezar pisa el freno a la espera de echar a andar desde una posición manifiestamente favorable.

Tanto socialistas como populares han ido tomando posiciones, sin ninguna preocupación por cambiar de argumentos y solo moviéndose a medida de que la realidad les iba condicionando.

Un paso adelante y otro atrás, una declaración indulgente y otra rencorosa, un reconocimiento de que algo nuevo habrá que hacer y otra defensa numantina de lo hecho hasta ahora.

Así estamos, una parte mayoritaria de la sociedad vasca que cree que ya no hay excusas para encarar el problema, mientras otros van añadiendo excusas y exigencias para, al final, entrarle al tema como pisando huevos.

Una vez que el PSOE perdió el Gobierno de Madrid, y no antes, el lehendakari López comenzó a rectificar la inacción estratégica del Estado de Derecho como bálsamo de Fierabrás y se subió al carro de la modificación de la política penitenciaria. Con gran escándalo de su socio preferente, que enseguida le encajó la advertencia de que no le tocase las narices.

Por su parte, quizá a falta de instrucciones precisas, el ministro de Interior tejía y destejía apocalipsis y pasaba de las tinieblas a la luz en cuestión de horas mientras el mando supremo, Mariano Rajoy, permanecía en su mutismo gallego.

Precisamente la visita a Rajoy del presidente del PNV, Iñigo Urkullu, parece que desbloqueó la situación. Insistió el dirigente jeltzale en la necesidad de impulsar una rectificación en la política penitenciaria como paso necesario para el desarrollo del proceso de paz.

Como elementos favorecedores de ese proceso, escuchó el presidente español la necesidad de que Sortu fuera legalizado y la conveniencia de que recibiera en Moncloa a los agentes internacionales implicados en el proyecto tanto en el Grupo Internacional de Contacto como en el de Verificación.

Recibió también la recomendación de que el Congreso y el Parlamento Vasco dieran cobertura a su plan de gestión final del proceso de paz. En el caso que lo tuviera, por supuesto.

Sería interesante conocer cuáles fueron las reacciones de Rajoy ante estas sugerencias, pero los acontecimientos posteriores hacen pensar que habría alguna intención de superar el tópico manido del Estado de Derecho y aplicación de la legislación vigente como única receta y que pudieran darse pasos en el sentido de las recomendaciones de Urkullu. Por supuesto, a Rajoy le hace falta tiempo y, sobre todo, tendrá que superar la dificultad de gestionarlo previamente dentro de su propio partido.

Da la impresión, por tanto, que se ha dado la consigna de ir haciendo algo. El problema es que no saben qué. Han estado tantos años anclados en el no, que están siendo prisioneros de su propia historia y echan a andar sin proyecto, como pollos sin cabeza.

Lo mismo se le ocurre al ministro de Interior, el duro entre los duros Jorge Fernández Díaz, sobresaltar a la opinión pública con la ocurrencia de que ETA está reclutando activistas como asegurar que la organización armada "tiene una dimensión política que no podemos obviar".

Para escándalo, claro, del sector más facha de su partido y de sus apéndices mediáticos, y para aprovechamiento partidista de UPyD, ya descaradamente alineado en el extremo más ultramontano, por si pilla votos para la próxima.

De su visita a Rajoy volvió Antonio Basagoiti con la propuesta de una Mesa de Partidos en Euskadi para un acuerdo por la pacificación y normalización. Milagrosa conversión del presidente del PP vasco, asumiendo la histórica reivindicación de la izquierda abertzale, la tarea del Grupo Internacional de Contacto liderado por Brian Currin y la recomendación que en su punto quinto hacía la Conferencia de Aiete.

Pero a la metamorfosis de Basagoiti le traicionó su fijación de lustros y acotó los invitados: PP, PNV y PSE. El PSE, encantado; eso sí, para no dar demasiado cante, a Bildu se le invitaría más tarde, se supone que cuando entre PP y PSE hubieran impuesto de nuevo su aritmética y fuera ya demasiado tarde para entrar al fondo del problema.

Un problema que, menos mal, ya casi todos parecen reconocer que existe y que es político. Lo que ocurre es que no tienen ni idea de cómo resolverlo.

Así que ETA es problema político y hay que abrir un proceso de diálogo entre partidos. Lo han dicho los del PP. Y, aunque luego reculasen, a izquierda abertzale, que ve el aire, ya ha celebrado que, por fin, el enemigo ha entrado en razón. Pero, en realidad, es que no saben qué decir ni por dónde empezar.