cuando están en juego situaciones delicadas de las que se derivan sufrimientos, o atropello de derechos, o que condicionan los cimientos de la convivencia, es lógico que se produzcan episodios de impaciencia que corren el riesgo de derivar en indignación, o incluso en rebelión. Se cumplen cuatro meses de la Conferencia de Aiete, acontecimiento de gran relevancia en el proceso de paz refrendado luego por la decisión de ETA de cese definitivo de su lucha armada. En el documento firmado por las personalidades internacionales, en el caso de que esa decisión fuera públicamente expresada, se instaba "a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y aceptar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto". A nadie se le escapa que una de las más evidentes consecuencias del conflicto es la permanencia en cárceles españolas y francesas de unas 800 personas bajo la acusación de pertenencia o vinculación con ETA, buena parte de ellas aún a la espera de juicio o de recurso. A ellas habría que sumar un número indeterminado de personas huidas, ocultas en la clandestinidad a consecuencia de su participación más o menos directa en el conflicto. Si a cada una de esas personas se le añaden las que componen su círculo familiar, o sus amistades, o sus vecinos, o sus correligionarios políticos, se puede constatar que esos círculos concéntricos conmocionados por la situación pueden desestabilizar en alto grado la convivencia en nuestra sociedad.
La reivindicación de una solución para los denominados presos políticos vascos, expresada de forma multitudinaria el pasado 7 de enero en Bilbo, ha sido respondida con un frenazo destemplado por parte del nuevo Gobierno después de varios meses de silencio o de declaraciones contradictorias, actitud que podía atribuirse a la necesidad de situarse del nuevo Ejecutivo. Ya situado, comienzan a adivinarse las intenciones de los responsables gubernamentales sobre cómo afrontar la resolución de un problema que envenenará nuestra convivencia si no se solventa con cordura e inteligencia política. La dispersión de los presos por cárceles alejadas de Euskal Herria es quizá la reivindicación más antigua y de consecuencias sociales más demoledoras. A ella responde el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que no tiene ninguna intención de trabajar en la elaboración de un plan que contemple el acercamiento de los presos; nunca; "ni ahora ni en el futuro". En esa misma línea de intolerancia se manifiesta el ministro de Interior, cuando advierte de que "se va a aplicar estrictamente la ley y no se va a elaborar una reforma legal ad hoc" que mejore el actual status de los presos. Al añadir que "jamás" se adoptarán medidas colectivas que puedan beneficiar a los presos vascos, se suma a la determinación expresada por Gallardón y demuestra la postura en bloque del Gobierno Rajoy: "Perded toda esperanza". Los presos, en el infierno de Dante. Como mucho, este Gobierno asumirá "el esfuerzo" de cumplir la ley, uno a uno y con el compromiso de rechazar la violencia, de pedir perdón a las víctimas y solicitar con el carnet en la boca acogerse a los beneficios penitenciarios previstos por ley. Si la autoridad competente tiene a bien. Más difícil todavía, en clara demostración de que aquí ha habido vencedores y vencidos, el Ejecutivo va a evitar por todos los medios cualquier medida que pueda interpretarse como síntoma de éxito logrado por los que considera derrotados y permanecerá vigilante para impedir cualquier otra vía que beneficie a los presos vascos distinta a ese tratamiento individualizado donde cada recluso acepte los requisitos que marca la ley. Un tratamiento que el llamado Colectivo de Presos Políticos Vascos no está dispuesto a aceptar.
A la vista está que el Gobierno del PP no está dispuesto a remangarse y ponerse manos a la obra en la parte que le corresponde para la solución definitiva del conflicto. Ninguna prisa, ninguna esperanza de momento para resolver esa cuestión de Estado, por si se rebelan algunas asociaciones de víctimas, por si aúllan los sectores más ultras de la derecha, por si se indignan los cancerberos mediáticos. Y para dejar las cosas claras, para callarles la boca a algunos socialistas claudicantes, para castigo de una sociedad vasca, para importantes sectores de opinión españoles merecedora de penitencia por tanta insensibilidad, por tanto contubernio, que no falten las voces tronantes de los ministros del Gobierno: "Nunca jamás". Y los presos, sus familias, sus amigos, sus paisanos, la paz y reconciliación entre los vascos, que esperen.
