UN vendaval de ajustes, recortes y cierres azota el panorama de las empresas públicas de televisión nacidas al amparo de los estatutos de autonomía, definidas en la ley de terceros canales y sometidas a una reducción de recursos que ha encendido un consecuente debate político sobre modelo, continuidad y legitimidad, en el marco de una reflexión mayor sobre el modelo de estado. Más allá de los números rojos generados por estas empresas controladas por sus respectivos Tribunales de Cuentas y Parlamentos, parece llegado el momento de replantear modelo, dimensión y necesidad de lo televisivo público ante la imposibilidad de seguir financiando los modelos actuales. Es necesaria una reflexión sobre la programación que ofrecen las televisiones de este nivel y clarificar función y campos de subsidiariedad. Es conocida la argumentación sobre esta cuestión que define el campo de juego de lo público y que marca lo que para la empresa privada no es de su interés y puede cubrir la pública absurdamente empeñada en carrera diabólica por competencia y mimetismo a cualquier precio. La pública mimetiza parrillas y productos de la comercial que busca beneficio creciente, frente a lo público que atiende programas de interés general, pagados por las aportaciones gubernamentales. Hay que abandonar una impropia carrera competitiva, trazando un tratamiento diferenciado de valores, lenguajes y contenidos, a pesar de estar compitiendo en común mercado de audiencia. La tele pública no está para ofrecer programas rosas, bazofias telerreales, estúpidos concursos o lujos asiáticos de F1. Hasta el momento, la televisión autonómica no ha sabido encontrar modo propio de diseñar y producir, emulando por el contrario a las comerciales en una carrera desesperada que jamás ganará. La olla que puede reventar.