Las últimas noticias de la pelea entre Liga y radios públicas y privadas señalan un bloqueo en las negociaciones para que los profesionales puedan entrar en los campos de fútbol y retransmitir con la habitual normalidad los partidos de la jornada que siguen avanzando mientras que las emisoras cubren con imaginación y penurias narrativas lo que era un tramo importante de la programación. Las posturas siguen enfrentadas; los del fútbol dicen que hay que cotizar por hacer de un espectáculo materia prima de suculento negocio y los del micro se amparan en la sacrosanta libertad de información para negarse a pagar, aunque parece que sí están dispuestos a aflojar 800.000 euros frente a los veinte millones que piden los futboleros. Y como ocurre en todo choque de intereses entre humanos, anuncian las radios que van a meter el asunto en vía judicial que puede ser una manera de aclararse en lo que es derecho a la información y lo que es catarata de ingresos aún en tiempo de crisis publicitaria. Judicializar las relaciones entre clubes y radios no es plato de buen gusto, pero puede ayudar a desbloquear el enfrentamiento en un momento de campaña electoral en el que nadie va a arriesgar un ápice decantándose por unos u otros. De momento, las radios están dispuestas a pagar una cantidad por los servicios que prestan los clubes en los estadios, pero no quieren saber nada de soltar la mosca por informar, según su entender de la cuestión de fondo con la que discrepa frontalmente la LFP. Unos han hecho de la situación defensa numantina de derechos inalienables y otros ven en el preciado canon impuesto manu militari una suculenta suma de ingresos para un negocio sumido en deudas pero vital para el equilibrio social. Si se cumple el guión a estas alturas de la balompédica película, los jueces tendrán la palabra en breve.