Tras el fallido intento de investidura de Feijóo se inicia ahora la verdadera negociación para sumar parlamentariamente los apoyos y los votos que posibiliten, en su caso, el Gobierno de Sánchez. Frente a quienes ofrecen su apoyo sin condiciones, es el momento de apostar por una negociación sólida, constructiva, exigente y posibilista. Y dentro de todo el elenco de temas a abordar se alza, por transversal y por estratégico, el debate sobre nuestro autogobierno. Necesitamos acuerdos y textos normativos que aporten ilusión ante la renovación de nuestras estructuras de poder y autogobierno. Salvo Vox, nadie, ninguna opción política vasca cuestiona la bondad de avanzar en cotas de autogobierno responsable.
Sabido es que nuestro Estatuto es el único que no ha experimentado actualización o mejora alguna. Un mejor autogobierno requiere un renovado texto estatutario, y hay margen de mejora importante en lo competencial, en lo transfronterizo, en reforzar y ampliar el elenco de derechos de la ciudadanía, en la dimensión social del autogobierno o en la mejora de la gobernanza interna de nuestras instituciones de autogobierno, entre otros ámbitos.
Cabría pensar que no parecen correr buenos tiempos para la invocación del pacto como instrumento de acción política, pero uno de los padres del proceso que culminó con la aprobación de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, recordaba que el principio pacticio exige, primero, negociar y acordar lo que hay que decidir; segundo, lealtad a lo pactado de acuerdo al principio de buena fe; y, tercero, que la interpretación, y más aún la modificación de lo pactado, no pueda quedar, directa o indirectamente, al arbitrio de una de las partes, sino ser, a su vez negociada y acordada.
El Estatuto de Gernika ha sido el instrumento jurídico-político que ha permitido la institucionalización de Euskadi. Estos años han demostrado que la confianza en nuestras instituciones y la gestión del autogobierno nos han permitido alcanzar un alto grado de progreso, bienestar y justicia social.
La realidad objetiva es que 44 años más tarde se ha producido una pérdida paulatina del valor del Estatuto de Gernika, proceso que de facto ha supuesto la desnaturalización del autogobierno generando un alto grado de desilusión y una percepción mayoritaria de decepción. En la práctica se está negando por parte del Estado la realidad nacional vasca.
¿Cuál debe ser la vía adecuada para innovar y garantizar la consolidación del autogobierno vasco? Volver a los orígenes, al espíritu de pacto que presidió buena parte del proceso de elaboración del texto constitucional. Y para ello resulta necesaria e imprescindible una reforma estatutaria que, además de actualizar las bases de nuestro autogobierno, sirva para paliar las causas que han originado el incumplimiento del Estatuto y que aporte garantías jurídicas de salvaguardia del autogobierno.
Política y Derecho, este ha de ser el binomio que permita civilizar el debate territorial. Seguridad jurídica, respeto a los procedimientos y voluntad política para permitir la consulta directa a la ciudadanía en torno a cuestiones de especial trascendencia han de ser los parámetros de actuación.
El Estatuto supuso el reconocimiento en el bloque de constitucionalidad del Estado de la identidad del pueblo vasco: una identidad singular, diferenciada, constituida, esto es, determinada y configurada por la titularidad de tales derechos. Los derechos históricos servirán –y no fue otra la intención de los redactores de la Adicional Primera de la Constitución– de engranaje entre el sustrato foral y el constitucionalismo del Estado moderno.
