Leo que han detenido a Leire Díez, fontanera del PSOE, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y hago votos para que las gentes de Aitor Esteban y Arnaldo Otegi cuenten hasta diez antes de lanzarse a hablar de lawfare, de actuación judicial injustificada, de persecución, de manipulaciones de los pseudomedios, de que el presidente no tiene nada ver. Y cosas de esas. Es un patrón que se cumple cada vez que el entorno familiar y político de Pedro Sánchez se ve envuelto en alguna cuestión más o menos sospechable, definámosla así para que nadie de su club de fans se enfade.
Ciertamente, llevamos ya tiempo sin que los partidos mayoritarios vascos le den siquiera un pellizquito al petulante presidente español por toda la mierda que le rodea. Hemos incluso llegado a leer que el llamado caso Cerdán responde al objetivo de devolver al PSOE al Régimen del 78, como si en alguna ocasión hubiera salido de él; como si no hubiera ya pruebas suficientes para saber que el de Milagro está enlodado de corrupción hasta las cartolas. Más: tal vez tengan razón Oskar Matute y Maribel Vaquero cuando critican la condena a Álvaro García Ortiz, pero uno se pregunta si, además, no tienen nada que reprochar a Sánchez y al que fue fiscal general por sus manejos. También es posible que los escandalosos casos de la esposa y del hermano del presidente no tengan consecuencias penales, pero resulta desalentador que nadie entre sus apoyos le reproche nada, le diga que ya está bien.
La tesis es que vienen los fachas, que hay que resistir. Bien, pero no es incompatible poner pie en pared ante la acometida ultra con desmarcarse nítidamente de las actuaciones de este fatuo personaje y su camarilla, amén de no entrar a defenderle en las trifulcas que tiene con la derecha. Es más, resulta imperioso diferenciar ambos planos. Definitivamente, cuesta entender qué se les ha perdido en esta guerra a nuestros dos partidos mayoritarios. Una guerra que, desde luego, no es la mía.
