El reciente asesinato de una cocinera en el centro penitenciario tarraconense Mas d’ Enric a manos de un preso ha provocado la airada reacción de los funcionarios, que a su vez está causando importantes inconvenientes, como el encierro obligado de los reclusos o la suspensión de decenas de juicios. La situación se presenta complicada para la consellera Gemma Ubasart, cuya dimisión –también la de otros cargos– ha sido reclamada, sin éxito, por parte de los trabajadores. La competencia de prisiones lleva transferida 41 años en Catalunya, pero tener la herramienta para la gestión de una patata tan caliente, aunque sea positivo, no elimina por el he cho mismo su inmensa dificultad. Un ejemplo: el año pasado se produjeron en las cárceles de allá 33 muertes de reclusos, entre ellas seis suicidios. Como decía Sancho Panza, no hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco. Aquí más cerca, desde el minuto uno de la asunción de la competencia, hace 29 meses, hay quienes han decidido no dar tregua con la cuestión, tratando de sacar tajada política de cada infortunio.
El partido de Pere Aragonès también creía tener una varita mágica para la gestión de los Mossos d’Escuadra. En el marco de las negociaciones para la investidura, ERC alcanzó un acuerdo con la CUP sobre el asunto; acuerdo que esta organización vio traicionado desde el principio, desde aquellas duras cargas policiales contra quienes trataban de impedir el desahucio de seis pisos en el llamado Bloc Llavors. Tampoco en el Parlament mantuvo el partido gobernante la palabra dada a los cupaires, de tal manera que algunas modificaciones sobre los Mossos –por ejemplo la eliminación de las balas foam más lesivas– las sacaron adelante con Junts y los Comuns, sin el voto favorable de ERC. Se demuestra una vez más que una cosa es predicar y otra dar trigo. Tozuda realidad, que debería llevar a mayores dosis de templanza a quienes están llamados, tarde o temprano, a gobernar estos marrones. Debería.
