Hubo quien avisó de que la ley conocida como solo sí es sí traería consigo revisiones y reducciones de penas; también excarcelaciones. Sin embargo, Irene Montero descartó en el Congreso tal peligro, exclamando que aquellas advertencias no resultaban más que propaganda machista, y obviando así que provenían en gran medida del feminismo y de sectores judiciales progresistas. La cierto es que tenían razón, vaya si la tenían. Victoria Rosell, que igualmente ha errado en todas sus previsiones al respecto, trata ahora de zanjar la discusión echando la culpa a una justicia machista, que por supuesto lo es, pero afirmando que la ley no es el problema. Resulta preocupante que se niegue la realidad de esa manera.
Tampoco faltan quienes alertan ahora de que la modificación del Código Penal para suprimir la sedición e incorporar un delito de desórdenes públicos agravados viene cargada por el diablo. En definitiva, quienes auguran que el resquicio que deja entreabierto su definición se convertirá de facto en una inmensa grieta que traerá consigo condenas y persecuciones injustas, un encarecimiento de la libertad. Llegado el caso, también asomarán quienes aduzcan que la culpa no es de la ley, sino de algunos jueces fachas que la aplican mal.
Estando donde está el asunto a día de hoy, sería preocupante que PNV y EH Bildu se sumaran a este cambalache entre ERC y Pedro Sánchez, digamos las cosas claras. Máxime si, tal y como reconoce sin escrúpulo alguno de los dirigentes socialistas, el objetivo de la reforma es alinear el tipo penal con la Unión Europea para favorecer la extradición de Carles Puigdemont. Entre sintonizar con la vía elegida por los de Junqueras para Catalunya, algo en lo que más o menos parecen coincidir las dos fuerzas políticas vascas, y tragar con todo lo que allá se mercadea existe un abismo en el que no deberían caer.
