Entre los diversos malestares vecinales uno, en los últimos tiempos, está relacionado con la sensación de inseguridad. Esta sensación, manifestada por no pocos vecinos en varios barrios de Donostia, está relacionada con diversos hechos delictivos de los que se hace responsable al conjunto de jóvenes magrebíes.

Este problema, real, de delincuencia, está siendo aprovechado para la confrontación política. Ahí está la convocatoria, el mes pasado, del PP a una concentración. Y, muy en particular, para difundir mensajes de odio en las redes sociales. En ellos se alienta, incluso, a actuar violentamente contra los jóvenes que responden a ese perfil social y contra las entidades que defienden sus derechos.

Convendría una reflexión colectiva sobre esta situación y sobre las respuestas que puedan ayudar a encauzar la convivencia en los barrios donostiarras.

En esta reflexión las instituciones (ayuntamiento, diputación, gobierno vasco y administración central) tienen un papel clave. Su intervención no puede limitarse al aspecto policial, con un aumento de efectivos en las calles y agilización de trámites judiciales. Además de atender a la reclamación de que esa actuación policial no tenga un sesgo de discriminación por perfil étnico. Es constatable la insuficiencia de recursos básicos (alojamiento, alimentación, salud…) que precisan de una dedicación presupuestaria sensiblemente superior a la actual. Y es necesaria una participación de los diversos agentes sociales, liderada por el ayuntamiento, en el debate sobre esas medidas. El año pasado desde el ayuntamiento se impulsó en Egia un proceso participativo en esa dirección que acabó siendo el parto de los montes.

El otro papel clave corresponde al tejido social. Este, por definición, es muy diverso y plural. En particular, las entidades que trabajan con este perfil de jóvenes. Es preciso que su intervención incluya la defensa de los derechos de todos los vecinos y vecinas. Tanto de los jóvenes que responden a este perfil como de quienes son víctimas de diversos delitos y hechos antisociales. La generalización de la responsabilidad de hechos delictivos, más allá de sus autores, al resto de jóvenes de perfil similar lleva a su criminalización y es caldo de cultivo para muchas discriminaciones. Pero es necesario mostrar también solidaridad con las personas víctimas de las actividades delictivas. Esto no siempre lo encontramos en sus manifestaciones públicas. Todo lo que sea presentar esta situación como una confrontación en torno a racismo sí, racismo no, es echar agua al molino de esa minoría de agitadores del odio contra las personas migrantes.

La concentración impulsada este pasado miércoles en Donostia por diversos colectivos pone el acento en las preocupantes muestras de discursos de odio, así como contra diversas agresiones que se vienen produciendo. Su lema “No al racismo y al fascismo”. Siendo necesario plantar cara a esas expresiones, corre el peligro de poner bajo esa disyuntiva todo un conjunto de situaciones muy diversas y complejas cuyas vías de solución no son ni sencillas ni fáciles. Además de otorgar un protagonismo que buscan, precisamente, esos divulgadores de discursos de odio.

En este país y en esta ciudad somos muy dados a formular propuestas de actuación que se presentan como pioneras en el ámbito, no sólo estatal sino también europeo. ¿Por qué no arremangarse y tratar de serlo, también, en este terreno? No sólo mostraríamos la forma de ser consecuentes con los discursos y con el respeto a los derechos de toda la ciudadanía. También sería la forma más eficaz para segar la hierba bajo los pies de quienes chapotean en los discursos de odio. Es a las instituciones a quienes corresponde tomar la iniciativa.