Los medios de comunicación libres son un pilar clave de toda democracia y son esenciales para una economía de mercado saludable. A escala global, la Unión Europea sigue siendo un bastión para los medios libres y establece un estándar como continente democrático. Sin embargo, hay tendencias cada vez más preocupantes. Basándose en esfuerzos anteriores, la Comisión ha adoptado una serie de medidas para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea, además de mejorar la libre circulación de servicios. Esto culminó con la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, que entró en vigor el 7 de mayo de 2024. Las nuevas normas se aplicarán plenamente a partir del 8 de agosto de 2025.
Mejoras de la ley
La Ley Europea de Libertad de Medios establece un nuevo conjunto de reglas para proteger el pluralismo y la independencia de los medios en la UE. Garantizarán que los medios (públicos y privados) puedan operar más fácilmente a través de las fronteras en el mercado interior de la UE, sin presiones indebidas y teniendo en cuenta la transformación digital del espacio mediático. Las autoridades tendrán prohibido presionar a los periodistas y editores para que divulguen sus fuentes: no podrán detenerlos, sancionarlos, hacer búsquedas en sus oficinas o instalar programas de vigilancia intrusivos en sus dispositivos electrónicos. Se han añadidos importantes salvaguardias para permitir el uso de programas espía.
Esto solo será posible para casos específicos y previa autorización judicial para investigar delitos graves sancionados con pena de cárcel. Los periodistas tendrán que ser informados de que han sido objeto de vigilancia y podrán objetar ante los tribunales.
Transparencia de la propiedad
Para evitar el uso político de los medios de comunicación públicos, sus directores y miembros del consejo de administración deberán ser seleccionados mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios para mandatos suficientemente largos. No será posible despedirlos antes de que finalice su contrato, salvo que ya no cumplan con los criterios profesionales. La financiación de los medios de comunicación públicos deberá ser transparente y basada en procedimientos objetivos, además de sostenible y previsible. A fin de que el público conozca quién controla los medios de comunicación y qué intereses pueden influir en la información que difunden, todos los medios informativos —independientemente de su tamaño— tendrán que publicar en una base de datos nacional la identidad de sus propietarios, también si son parcial o totalmente de titularidad pública.
Publicidad y grandes plataformas
De la misma forma, los medios de comunicación tendrán que informar sobre los fondos públicos recibidos en concepto de publicidad o en forma de subvenciones, incluidos los procedentes de terceros países. Los fondos públicos concedidos a los medios de comunicación o a las plataformas en línea deberán asignarse mediante criterios públicos, proporcionados y no discriminatorios. La información sobre el gasto público en publicidad será transparente, incluida la cantidad total anual y la cantidad otorgada a cada medio. También se ha incluido un mecanismo para evitar que plataformas en línea muy grandes, como Facebook, X (anteriormente Twitter) o Instagram, restrinjan o eliminen arbitrariamente contenidos de medios independientes.
Las plataformas primero tendrán que distinguir los medios independientes de las fuentes no independientes. Los medios de comunicación recibirán una notificación cuando la plataforma tenga la intención de eliminar o restringir su contenido y contarán con veinticuatro horas para responder. Solo después de haber recibido una respuesta (o en ausencia de ella), la plataforma podrá eliminar o restringir el contenido si aún no cumple con sus condiciones. Los medios de comunicación podrán presentar una denuncia ante un órgano de resolución extrajudicial de litigios y solicitar una opinión al Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. La Ley de Libertad de los Medios de Comunicación creará un nuevo consejo de reguladores nacionales de la Unión Europea.
