Hay una realidad dramática asociada al amianto y es que, a pesar del esfuerzo que se haya podido realizar durante los últimos años para paliar sus graves y dolorosos efectos, este material seguirá matando. Lo seguirá haciendo porque, como refleja la exposición de motivos de la iniciativa remitida por el Parlamento Vasco al Congreso de los Diputados, y que ha dado origen a la aprobación de la Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para víctimas del amianto, durante décadas de desarrollo se optó por utilizar un material del que se intuía, primero, y se sabía, después, que podía matar.
Existen varios parámetros que permiten asociar a dicha situación el calificativo de injusto. En primer lugar, las instituciones y aun cuando existían indicios de la peligrosidad del material, no hicieron nada por regular su utilización, y menos aún por tomar medidas frente a su exposición. La seguridad laboral paso a ser una cenicienta que, con el tiempo, ha causado miles de muertes como consecuencia del desarrollo de enfermedades asociadas a la exposición al amianto.
En segundo término, históricamente ni la autoridad laboral, ni su ámbito revisor en la jurisdicción social han sido diligentes a la hora de dar respuesta a las demandas de amparo que los trabajadores han formulado, bien por la vía de una atención sanitaria más especializada, bien por la vía del reconocimiento de situaciones de incapacidad laboral asociadas a dichas enfermedades.
Y, por último y asociada a esta iniciativa legislativa del Congreso, porque tampoco se ha previsto, –hasta que la actuación del Parlamento Vasco la ha propiciado–, la posibilidad de que pudiera existir un ámbito de responsabilidad, y por tanto, la posibilidad de una consecuencia indemnizatoria, asociada al padecimiento de la asbestosis u otras enfermedades ligadas a la exposición al amianto. Mucho menos que el ámbito subjetivo de los destinatarios de las consecuencias de dicha responsabilidad pudieran ser, tanto los trabajadores, sus familiares o el entorno más inmediato, como aquellos que por exposición ambiental hayan podido sufrir dichas dolencias.
La aprobación del dictamen de la proposición de Ley por parte de la comisión de Trabajo del Congreso, el pasado miércoles, trata de intentar paliar, tarde y mal y seguramente de forma incompleta, el “injusto” tratamiento que hasta ahora han padecido las víctimas del amianto.
La creación de este fondo de compensación de víctimas del amianto no deja de ser poco mas que una reparación limitada del daño padecido, si bien quizás tiene mayor trascendencia que la meramente material; tiene también un importante componente emocional y de reparación.
Por recibir cualquier indemnización, las víctimas no van a ver mejorada la situación de sus dolencias, ni el dolor causado para aquellos que nos han dejado, pero si nos permite “reconocerlas”; decir que existen o que han existido y que son producto de una inacción, tanto privada como pública, que nunca se debió producir. Y que, como ya no podemos hacerlo de otro modo, vamos a intentar reparar en parte dicho daño, mediante una compensación material.
La Ley y además de la definición del ámbito subjetivo que ya he comentado, dota al fondo de compensación, además, tanto de recursos propios, –en principio, tendrá una dotación de 25 millones de euros–, de una estructura administrativa y de su adscripción, de un procedimiento –que creo, que está bastante bien diseñado–, y de unas consecuencias que, por su parte, se habrán de desarrollar en un reglamento que, por otra parte, no deberá tardar más de tres meses en ser elaborado.
Pero, sobre todo, saldará una deuda histórica con los afectados, las víctimas y sus familias, a “quienes ayudará a no tener que luchar por sus derechos en los juzgados, con el coste que ello acarrea, tanto en lo económico como en lo personal”, como ya ha señalado la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto.
Por ello, debemos felicitamos por la aprobación de esta Ley, por todo lo que supone de reparación y justicia con las víctimas del amianto.
