l sector del automóvil en toda su cadena de valor, desde los fabricantes hasta los concesionarios, que esperaba recuperar ciertos niveles de actividad en este ejercicio, se encuentra en una situación de crisis continua desde hace dos años, ya que a los problemas de suministro de semiconductores, se han unido los efectos negativos que la invasión rusa en Ucrania está teniendo en la provisión de componentes para la industria de la automoción, así como en el alza de los precios de los combustibles y el aumento desmedido de la inflación. Una tormenta perfecta que ha provocado una importante caída de la demanda y una escasez de la oferta.

Una vuelta atrás, tras un ejercicio del año 2021 que no fue del todo malo porque, a pesar del descenso de volumen de actividad, sin embargo, se mantuvieron los márgenes gracias también a los ajustes en costes que se realizaron el año anterior, como consecuencia de la pandemia. Muchos firmarían a día de hoy cerrar el ejercicio con los resultados del año pasado o, cuando menos, hacer parra.

Según una entidad de crédito al consumo, el 49% de los futuros compradores de un coche han aplazado la decisión de adquirir un vehículo hasta final de año a la espera de la evolución de los acontecimientos, a pesar de que las perspectivas económicas en Europa, a raíz del conflicto bélico de Ucrania, no auguran un escenario muy optimista.

La constatación de que los deseos de compra de un coche nuevo por parte de los clientes de los concesionarios están bajo mínimos se refleja en el índice de matriculaciones de vehículos que cada mes dan a conocer las asociaciones de fabricantes y de concesionarios. En Gipuzkoa, las ventas de automóviles encadenan sucesivas caídas que en el acumulado del primer trimestre de este año han significado un descenso del 14,3% respecto al mismo periodo del año pasado, y del 24,8% en relación al año 2020, cuando los concesionarios estuvieron cerrados casi dos meses como consecuencia de la pandemia. En la CAV, el desplome de las ventas es similar, con un descenso del 14,1%, respecto al primer trimestre del año pasado.

A diferencia de otras caídas históricas, la venta de coches se ha frenado también por la escasez de oferta, debido a la insuficiencia mundial en el suministro de semiconductores que se originó el año pasado, a la invasión de Ucrania, que cuenta con 40 fábricas de componentes y cubre una quinta parte de las necesidades de los fabricantes europeos de arneses de sujeción de cables, así como la ruptura de la cadena de suministro del titanio, hierro y paladio rusos que utiliza la industria del automóvil de la UE. A todo ello hay que añadir la huelga del transporte, que afectó tanto a los suministros en las fábricas como a vehículos terminados en los concesionarios.

De esos tres factores, dos de ellos, la escasez de los chips y la huelga de los transportistas, están ya normalizados o en fase de ello, con lo que la recuperación de la oferta dependerá del tiempo que dure el conflicto bélico en Ucrania, aunque también hay que constatar el retraimiento de la demanda que está provocando la explosión inflacionista que se está registrando en los últimos meses.

Esta situación está provocando que los plazos de entrega de los coches, dependiendo de los modelos, puedan ser de cuatro meses a un año, con lo que se está convirtiendo en un elemento importante negativo que no está ayudando a que el consumidor se anime a cambiar de coche y adquirir uno nuevo. El fin de la guerra de Ucrania puede aportar una mayor certidumbre entre los consumidores y dinamizar la demanda en un momento en que la oferta puede ir normalizándose con la recuperación de la cadena de suministro de aquellos componentes que todavía registran problemas de escasez.

En esta difícil coyuntura, los concesionarios, que se enfrentan a un cambio de paradigma, dada la pretensión de las marcas de que se conviertan en meras agencias comisionistas en la venta de los vehículos, deben salir del limbo administrativo en el que se encuentran y que les impiden poder acceder a las ayudas directas y subvenciones públicas que conceden las instituciones vascas a otros sectores económicos para favorecer el desarrollo de su actividad.

La Administración pública no incluye el sector de la distribución de vehículos en el de la industria, a pesar de que su actividad es la venta y reparación de un producto netamente industrial como es un coche, ni con una actividad comercial específica, pese a que una de sus actividades es, precisamente, la venta de vehículos.

Se da la paradoja de que mientras los empleados de las empresas de distribución de vehículos vascas están acogidos a los respectivos convenios colectivos territoriales del Metal, vigentes también en las compañías industriales metalúrgicas, en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), los concesionarios aparecen en el grupo G, dedicado al "Comercio al por mayor y al por menor: Reparación de vehículos de motor y motocicletas". Todo un galimatías.

Y todo ello, a pesar de que la actividad que desarrolla el sector de la distribución de vehículos contribuye de una manera importante al PIB vasco, genera un importante número de puestos de trabajo, al tiempo que ejerce una labor de recaudación impositiva importante por los significativos gravámenes fiscales que se concentran en torno a la adquisición de un coche.

En este sentido, es necesario que desde la Administración se normalice esta situación y los concesionarios de automóviles puedan acceder con las mismas oportunidades y condiciones que otros sectores económicos a las ayudas directas y subvenciones públicas que existen, con el fin de dinamizar la actividad del último eslabón de la cadena de valor del sector de la automoción que en Euskadi da empleo a unas 40.000 personas y que representa el 18% del PIB vasco. Cuanto antes, mejor.

Es necesario que los concesionarios de automóviles puedan acceder a las ayudas públicas con las mismas oportunidades y condiciones que otros sectores