a gestión, entendida de manera integral, de los diferentes residuos generados por los múltiples aspectos de la actividad humana suponen uno de los principales desafíos de las instituciones a nivel global a día de hoy. Cada actuación en el tratamiento de los residuos, dado el propio carácter, procedencia y potencial peligrosidad de estos materiales, debe estar dirigida a evitar cualquier tipo de afección a la salud humana y al medio ambiente y estar integrada dentro de las estrategias diseñadas de lucha contra el cambio climático. El fuerte incremento en la generación de residuos y su propia heterogeneidad dificultan sobremanera una gestión y tratamiento adecuados, eficaces y basados en la sostenibilidad, máxime en un territorio como Euskadi en el que existe una muy importante actividad industrial con la consiguiente alta producción de deshechos. En este sentido, el Plan de Prevención y Gestión de Residuos aprobado ayer por el Gobierno Vasco con la perspectiva temporal de aquí a 2030 pretende abordar la problemática desde una perspectiva integral enfocada a realizar actuaciones concretas basadas en los objetivos estratégicos que, según todos los expertos, son la base de una gestión completa y correcta, desde la prevención -es decir, la reducción en la generación total de residuos, que el Gobierno Vasco prevé en hasta un 30%- hasta la optimización en la eliminación de los materiales no reciclables minimizando el vertido como "opción final", con una reducción a menos del 15% del total. En el caso de Euskadi, dar salida a los residuos industriales se ha convertido en un problema acuciante tras el cierre de la planta de Mutiloa y la catástrofe y, posterior sellado, de la de Zaldibar. Esta secuencia ha dejado a la industria sin lugares de vertido, obligando a buscar soluciones que pasan por la aceleración de procesos de economía circular y de eliminación de los restos que no se pueden reintegrar en el sistema productivo. Hablamos de seis millones de toneladas de basura industrial. La implementación de este proceso -para el que se prevé una inversión de 97 millones de euros- favorece la economía circular de los recursos, destinada a maximizar la reincorporación al circuito de fabricación de materiales contenidos en los residuos al final de su ciclo de vida, lo que redunda en un importante beneficio económico, social y para el medio ambiente.
