Existe una frase atribuida a un carismático jefe indígena de Perú: “El día que se tale el último árbol y el día que se pesque el último pez, los humanos nos daremos cuenta de que el dinero no es comestible”. Es una sabia reflexión profuturo, pero en el ínterin hay gente que no tiene medios económicos para comer un pez ni para obtener la madera necesaria para construir su vivienda; este es el problema que deben afrontar las políticas sociales.

Euskadi es un país que se caracteriza por constituir un modelo de sociedad avanzada según el índice para la Conferencia de Lares, cuyos criterios son sus modelos de convivencia y sus servicios sociales, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y, en general, aquella sociedad que en el plano cuantitativo más se aproxime a los parámetros más elevados del índice de desarrollo humano posibilitando que todos sus ciudadanos desarrollen la vida digna y decente que elijan a través de una triple óptica: la esperanza de vida o vida saludable, la posibilidad o capacidad de obtener ingresos y el logro educativo.

Los grandes retos de la nueva política social deben abarcar, por tanto, un progreso material y un progreso antropológico que se debe basar en un desarrollo humano sostenible, no solo material, donde el papel central de la comunidad no sea solo del individuo y con una protección social basada en las responsabilidades, no solo en los derechos.

Descendiendo de la abstracción a lo material, en Euskadi se han configurado políticas de empleo cuyo elemento esencial lo constituye el progreso del país, de las personas, y de la competitividad. Todo lo anterior se ha configurado a través de políticas basadas en tratados comunitarios como el Tratado de Amsterdam, los objetivos de los Consejos Europeos de Lisboa, Niza y Barcelona, las directrices de la Cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, la Estrategia de Empleo 2020, y el Fondo de Garantía Juvenil. En Euskadi, además, se está incorporando una Nueva Agenda de Competencias aprobadas por la UE y dirigida a la mejora de las tecnologías digitales y facilitadoras clave (KETs) para el crecimiento de la competitividad y el empleo. Las tecnologías disruptivas e inversión en nuevas competencias, recualificación masiva y aprendizaje a lo largo de la vida, el papel de la universidad, la economía digital, los TIC y la necesidad de mejorar el futuro de los trabajadores europeos, constituyen lo que se denomina grand coalition, instrumentalizada a través del proyecto Ikanos, y forman parte ya de las estrategias de empleabilidad en Euskadi.

En este sentido, y en relación a la consecución de los objetivos descritos en materia de empleo, se han elaborado conjuntamente por el departamento de empleo y asuntos sociales, Lanbide y los agentes sociales con los que ha sido posible la interlocución, la Estrategia de Empleo 2016-2020.

Las políticas sociales de Euskadi no se circunscriben exclusivamente al empleo sino que promueven el cumplimiento de derechos fundamentales como el derecho a una protección social, el derecho a una vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a la cultura.

Con respecto a la protección social, la Renta de Garantía de Ingresos protege en Euskadi a 65.657 ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad económica, siendo además la única Comunidad Autónoma que cumple el requerimiento del artículo 41 de la Constitución que exige proteger a través de una prestación pública universal y suficiente cualquier situación de necesidad; no está mal para un gobierno dirigido por un partido que no posee la vitola de constitucionalista.

La renta de prestación complementaria de vivienda posibilita cumplir el mandato de la ley de vivienda de Euskadi en la que al acceso a la vivienda se le concede el carácter de derecho subjetivo. Es más, las políticas de vivienda en Euskadi han sido consideradas como un referente por Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.

En este mismo ámbito de las políticas sociales, Euskadi es pionera en las denominadas políticas de parentalidad positiva, cuyo objetivo es conseguir una equilibrada conciliación entre hombres y mujeres en el cuidado de niños y niñas y su compatibilización con el trabajo; son más de 3.000 las subvenciones concedidas para cohonestar el trabajo con la atención a menores y familiares en el año 2015, la práctica totalidad de las solicitadas.

En el ámbito de la protección de la discapacidad, el Gobierno vasco, las diputaciones forales y el tercer sector están en condiciones de afirmar que se cumplen los requerimientos de la Declaración de las Naciones Unidas relativa a este colectivo. Euskadi es, de hecho, la única Comunidad Autónoma que diseña de forma integrada las políticas activas de empleo y las políticas sociales que afectan a colectivos de difícil empleabilidad o a colectivos vulnerables o a colectivos con discapacidades incompatibles con el ejercicio de alguna profesión, garantizando el mejor mecanismo de integración de estos colectivos, cual es la búsqueda de un empleo para aquellos que poseen alguna posibilidad de ejecutarlo o desarrollarlo.

En lo que se refiere a las políticas contra la pobreza, existen en la CAPV planes específicos de lucha contra la pobreza infantil que garantizan de forma universal la posibilidad de alimentar a los niños y niñas cuando menos tres veces al día; a esta situación hay que añadir las políticas de apoyo y fomento a comedores sociales y colectivos constituidos con personas sin techo.

En el ámbito de la promoción de la economía social, se está debatiendo en el Parlamento Vasco en estos momentos la nueva Ley de Cooperativas de Euskadi que sustituye y actualiza la del año 1993 y parte del presupuesto de que el apoyo a la economía social no es solo un requerimiento previsto en el artículo 129.2 de la Constitución sino que estas empresas en términos macroeconómicos desde el inicio de la crisis no han perdido un solo puesto de trabajo. Las políticas sociales de Euskadi además son de naturaleza jurídico pública, pero sin prescindir de la colaboración y en ocasiones de la coparticipación de los sectores sociales que vertebran nuestra sociedad; basta con analizar la recientemente aprobada Ley del Tercer Sector en Euskadi.

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que en Euskadi se están haciendo las cosas bien en los cuatro grandes retos que tiene planteados la innovación social: reducir la desigualdad en la toma de decisiones, una distribución equitativa de los bienes básicos, cómo afrontar las consecuencias del cambio tecnológico en el empleo y cómo afrontar la sostenibilidad del planeta.

El sociólogo Weger distinguió entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La primera se limita a propugnar valores y se despreocupa de las consecuencias que de ello deriven. La segunda, en cambio, se plantea racionalmente los pros y contras de la acción y se actúa en consecuencia.

Las instituciones vascas en general han sabido integrar adecuadamente la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. El gap del Estado español en relación a Euskadi en todas las políticas que hemos glosado es abrumador y nos permite compartir la afirmación de Pablo Iglesias, líder de Podemos: “Nuestro modelo social es el de Euskadi”. Es decir, el que ha desarrollado EAJ/PNV.