Bienes ocultos y verdades ocultas
Desconocemos a qué interés pueden responder dichas manifestaciones, pero tal insistencia nos puede llevar a pensar justo lo contrario, es decir, que precisamente no todos somos iguales.
No obstante, quienes actuamos guiados por el objetivo y con la voluntad de transformar la realidad, tenemos necesariamente que partir de un diagnóstico real y honesto de la misma. Siendo conscientes de que, en ocasiones, conocer de forma veraz esa realidad puede echar por tierra algunos de nuestros prejuicios previos; o de que, en otras ocasiones, dicha realidad puede distorsionar esa fotografía que necesitaríamos para acompañar y vestir un discurso preconcebido.
En los últimos tiempos se están difundiendo determinadas informaciones y datos erróneos en cuestiones relacionadas con la lista Falciani o con el tratamiento tributario de los bienes en el extranjero, que pueden distorsionar una correcta fotografía de la realidad, por lo que creemos que es necesario ofrecer algunas aclaraciones para que luego cada cual pueda sacar sus propias conclusiones.
Así, por ejemplo, con relación a los nombres de la lista Falciani hemos escuchado que en el año 2010 todas las haciendas (incluida la de la Diputación Foral de Gipuzkoa) otorgaron un trato de favor a quienes no pagaron sus impuestos y que se promovieron regularizaciones voluntarias sin realizarse las pertinentes inspecciones fiscales. Si bien en aquella época no era Bildu quien estaba al frente del Gobierno foral, en la actualidad sí disponemos de información al respecto, por lo cual consideramos que, en honor a la verdad, debemos desmentir dicha afirmación. En Gipuzkoa no se promovieron regulaciones voluntarias; todo lo contrario, a todas las personas afectadas se les abrió expediente de inspección. Tras recibir en 2010 los nombres de 68 contribuyentes se practicaron 104 actuaciones inspectoras (incluyendo familiares y otras personas relacionadas) y se aplicaron las sanciones correspondientes. En concreto, el balance final del plan de inspección derivado de dicha lista fue el siguiente (datos de agosto de 2012): se levantaron 454 actas y se impusieron 364 sanciones.
Se ha sugerido, asimismo, que las haciendas forales, sin hacer distinción alguna, han renunciado a endurecer el tratamiento hacia las personas defraudadoras.
En los últimos cuatro años, la Diputación Foral de Gipuzkoa, ya con Bildu en el Gobierno, ha realizado importantes avances en la lucha contra el fraude (para disgusto de aquellos que estaban habituados a realizar planificaciones de ingeniería fiscal excesivamente agresivas); y no es de recibo atribuirle precisamente una actitud comprensiva con el fraude fiscal y de desidia en la lucha contra el mismo.
Algunas de las medidas más importantes adoptadas en la lucha contra el fraude son:
1) Se ha derogado el régimen de sociedades de promoción de empresas, y se han realizado actuaciones de inspección de envergadura contra las mismas.
2) Se ha instaurado el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, mediante el cual, además de que las personas ricas paguen más, se incrementa el control sobre toda la riqueza que poseen en propiedad.
3) Se ha creado el ROTER (Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo), para realizar un seguimiento más estricto a personas potencialmente defraudadoras.
4) Se ha puesto en marcha la interconexión on line entre las cuatro diputaciones forales de Euskal Herria, a iniciativa de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Bildu propuso y logró que pese a las reticencias iniciales, todas las haciendas vascas accedieran por primera vez a esta interconexión.
Respecto al tratamiento del capital aflorado en el extranjero, cu
ando se insiste en que en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra han optado por permitir una regularización a precio de saldo, se olvida añadir que fue “en contra del criterio del Gobierno foral de Gipuzkoa”. Efectivamente, es cierto que la normativa de Gipuzkoa es más laxa que la del Estado contra los defraudadores que ocultan bienes en el extranjero. Pero no es lícito que a la hora de repartir responsabilidades se obvie a quién debe atribuírsele tal decisión.
En ese tema en concreto, la voluntad política del Gobierno foral que lidera Bildu venía recogida en el proyecto de norma foral presentado en 2013, donde quedaba claramente establecido que habrían de pagarse los impuestos correspondientes a todo el capital oculto aflorado. A pesar de que dicha medida salió adelante, estuvo en vigor durante pocos meses; en enero de 2014, de la mano de la contrarreforma del PNV, PSE y PP, se aprobó en Juntas Generales, con los votos en contra de Bildu y Aralar, una nueva normativa, ciertamente más laxa con los defraudadores.
Por consiguiente, la Hacienda foral de Gipuzkoa no renunció a endurecer el tratamiento del fraude, de hecho sí lo hizo y fueron otros quienes eliminaron dicha medida. Y no nos parece de recibo que se oculte dicho dato para arremeter contra el diputado general Martin Garitano, para acusarle de que tras su posicionamiento público contra la amnistía fiscal de 2012, hubiera actuado con mayor permisividad hacia el fraude que el Estado. Simplemente, porque no es cierto, y, resulta cuando menos una frivolidad lanzar este tipo de acusaciones cuando carecen de base alguna.
Este Gobierno foral y los partidos que lo sustentan continuaremos defendiendo firmemente en todos los foros la lucha contra el fraude y apostando por una fiscalidad más progresista. Pero esta tarea no debe quedar sólo en manos de unos cuantos, todos y todas somos necesarias, y no sólo en teóricamente, sino sobre todo en la práctica. En ese sentido, cabe recordar que cuando se impuso el pacto fiscal (PNV, PSE, PP), muchos de quienes de palabra defienden una política fiscal más justa no alzaron su voz en ningún momento contra esta regresiva contrarreforma fiscal. Y perdieron la oportunidad de denunciar ante las Juntas Generales de Gipuzkoa, que el impuesto sobre la renta perdía en progresividad y en equidad; que el impuesto que grava los beneficios de las sociedades lo iba a hacer de una forma todavía más laxa, o que se aprobaban nuevas medidas que ampliaban el campo para la ingeniería fiscal.
El sistema fiscal es demasiado importante como para tomárselo a la ligera. Dejemos de una vez las fotos distorsionadas y empecemos a realizar un diagnóstico veraz de la realidad existente en la fiscalidad en Euskal Herria. Se trata de una tarea inevitable, además de una condición previa, para que quienes apostamos por una sociedad y una política fiscal más justas unamos nuestras fuerzas para recorrer ese camino.