LA aprobación en el Congreso de los Diputados por la mayoría absoluta del PP, y exclusivamente por esta, del decreto ley con las medidas de recorte en la Sanidad y la Educación públicas hasta alcanzar los 10.000 millones de euros constituye el mayor embate de las últimas décadas a los estándares de calidad en lo que son dos de los principales objetivos y responsabilidades de todo Estado -y por tanto, de cualquier Gobierno, independientemente de su ideología- para con sus ciudadanos. Al mismo tiempo, y por lo que supone de invasión competencial respecto a lo estipulado en el Estatuto de Gernika, es también la principal acometida contra el autogobierno vasco -del que la Sanidad y la Educación son referenciales- desde que el mismo Congreso aprobara también hace tres décadas, en 1982, la célebre Loapa que un año después fue rechazada en 14 de sus 38 artículos por el mismo Tribunal Constitucional, el mismo que deberá pronunciarse ahora sobre la cualificación del decreto ley y su consideración como normativa básica aplicable a las comunidades autónomas. Ya el recorte en capítulos que afectan a la preparación académica de las nuevas generaciones y a la atención sanitaria se torna inexplicable cuando se dedican ingentes sumas de dinero público en un esfuerzo baldío por sanear el sector financiero; pero el cuestionamiento por decreto y con carácter universal -sin atender a las diferencias económicas y de gestión, de capacidades básicas de autogobierno sin siquiera conocer la opinión de cada una de las comunidades afectadas- es una imposición y el reflejo práctico de la ideología que subyace en el PP y en el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. De la voracidad en los recortes se ha pasado al control político de las comunidades, como se comprobó ayer cuando la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que destituirá a los cargos públicos de las autonomías que incumplan la Ley de Estabilidad y que controlará mes a mes las cuentas de las comunidades para controlar su déficit. Algunas voces se alzan asegurando que, en realidad, el decreto de los recortes es uno de los pilares de un proceso de recentralización que, bajo el paraguas de la crisis, puede dinamitar el ya frágil consenso del Estado autonómico.