La Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Vasco, a propuesta del PP y con el respaldo del PNV y el PSE, ha aprobado esta semana reducir de 150 a 100 metros la zona de seguridad en torno a caseríos, viviendas y núcleos rurales prevista en el proyecto de Ley de Caza. Esta reducción es escandalosa, y más aún por cuanto llueve sobre mojado, ya que el borrador establecía que la distancia sería de 200 metros, y textos manejados anteriormente contemplaban garantías de seguridad incluso superiores.

Las zonas de seguridad ejercen a modo de barreras de las que se dota la sociedad para protegerse ante una actividad de ocio armada y peligrosa como es la caza. Del mismo modo que en las ciudades se protege a los viandantes con calles peatonales o a los menores con parques infantiles, ¿es mucho pedir que se establezcan zonas de seguridad cinegética razonables para los vecinos o usuarios de las áreas de montaña?

Es especialmente denunciable que, siendo los ayuntamientos, como representantes de sus ciudadanos, los mayores propietarios forestales, no puedan establecer, por lo menos en suelos de titularidad pública, zonas de seguridad superiores a esos ridículos 100 metros.

Un problema añadido a la escandalosa reducción de las distancias de seguridad inicialmente previstas es que éstas se ven incumplidas sistemáticamente, porque no hay voluntad por parte de muchos cazadores y porque no hay vigilancia suficiente, dada la escasa dotación de recursos humanos de las guarderías forestales. Las diputaciones, competentes en materia de inspección y sanción cinegética, y la actitud de muchos cazadores se han ido encargando de "desmovilizar" al personal de estas guarderías, que muchas veces tiene la sensación de que se juega el tipo ante un colectivo que, no lo olvidemos, va armado. De hecho, las amenazas y presiones a la guardería forestal están ampliamente extendidas, como la caza furtiva o nocturna en la Red de Parques Naturales y en la Red Natura 2000, o las matanzas ilegales de aves migratorias (avefrías, becadas, etc.) en períodos de frío o nieve. Las sanciones escasean. La habitual pasividad de las diputaciones permite que muchas infracciones y delitos queden en la impunidad.

Y, claro, las sociedades y federaciones, a "lo suyo". Tampoco están acostumbradas a que las regulaciones cinegéticas sean abordadas en parlamentos, patronatos de espacios naturales protegidos u otros foros de composición democrática, pues es habitual que las decisiones de las diputaciones (órdenes de vedas, zonas de caza controlada, batidas de caza mayor, líneas cinegéticas, etc.) sean tomadas sin luz ni taquígrafos en las propias sociedades de caza o en batzokis. Son decisiones que en muchas ocasiones se pactan a dos bandas, obviando con alevosía a otros agentes institucionales y sociales directamente afectados, como los ayuntamientos, científicos, propietarios, agricultores y ganaderos, montañeros, ecologistas, conservacionistas, etc.

A este respecto, es muy significativo lo que ha sucedido en Gipuzkoa con dos iniciativas orientadas a aumentar los niveles de seguridad de la ciudadanía y a una mayor protección del medio ambiente y la biodiversidad, como son la creación de un parque urbano en Ulia y una zona de reserva forestal de 1.000 hectáreas en Añarbe (Parque de Aiako Harria), ambos espacios asociados a la Red Natura 2.000. Estas iniciativas, impulsadas por los ayuntamientos de Donostia y Orereta (liderados ambos por el PSE-EE, el mismo partido que da ahora la de arena en el Parlamento con la reducción de las zonas de seguridad) han sido blanco de la Federación de Caza y Adecap. Pero lo más grave es que las actuaciones forales se han dirigido a blindar e imponer las exigencias de los cazadores, en detrimento del interés general.

La Federación de Caza parece hallarse anclada en "lo suyo", ajena a los procesos de modernización de la sociedad vasca, a los elevados niveles de pérdida de biodiversidad y a la alarmante artificialización del territorio, sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia. Su elite dirigente concentra elementos asociados a sectores económicos con amplias conexiones con la construcción o la industria armera. Este dato nos acerca a entender el porqué de sus posiciones numantinas ante cualquier iniciativa dirigida a modificar una ley (de origen franquista, por cierto) que les es favorable o a establecer restricciones territoriales a la caza.

La Federación y Adecap mantienen estrechos lazos con élites políticas conservadores de la sociedad. Las primeras abogan por defender "lo establecido" y obstaculizan cualquier cambio que afecte a su actividad, aunque suponga claros avances sociales o ambientales. Y las segundas acceden ante un sector con el que han practicado tradicionalmente el clientelismo.

Las élites de la caza nos repiten que en Euskal Herria se superan con creces las 100.000 licencias, pero obvian que somos más de tres millones de habitantes. El empecinamiento de esas elites en reducir las distancias y zonas de seguridad es una coacción que choca frontalmente con el derecho que asiste al resto de la ciudadanía a disfrutar tranquilamente del monte, un derecho cuyas garantías de ejercicio en plena seguridad se ven mermadas durante varios meses al año como consecuencia de batidas, líneas, puestos y trepas de caza, concursos, etc. Pero una cosa es que esas élites se empecinen y otra que, además, los partidos les hagan caso, ya sea porque, como el PNV, han practicado desde siempre el clientelismo entre el colectivo de cazadores o porque, como el PSOE, le ha entrado de repente el miedo escénico o no ha querido desairar a su aliado el PP.

La cuestión no es "caza sí o caza no", que es otro debate (sin duda, interesante, pero otro debate), sino si los 2.900.000 ciudadanos que no poseemos licencia de caza no merecemos zonas de seguridad superiores a esos 100 metros. Nosotros, desde luego, abogamos por que prevalezcan las garantías de seguridad de la ciudadanía ante una actividad armada y peligrosa. Y eso exige del Parlamento aumentar las distancias de seguridad a caseríos, viviendas y núcleos rurales como mínimo hasta los 300 metros o, al menos, a cifras cercanas a las que contemplaban los primeros borradores del anteproyecto. También en el caso de los bidegorris y vías verdes, para los que han quedado en apenas 20 metros.