UNO de los "daños colaterales" de la crisis económica en la que está inmerso el Estado afecta directamente a la actual configuración de las autonomías. No es aún un debate emergente ni ha cuajado en la opinión pública en la medida en la que nadie se atreve a ponerle nombre, pero se ha convertido en una constante de los políticos españoles la idea de que este modelo de Estado es "insostenible". Zapatero apuntó la necesidad de "ajustes" en las comunidades autónomas cuando, en declaraciones al Financial Times, advirtió de que no les quedaba más remedio que recortar gasto y deuda; ayer mismo, el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias negaba que se fuera a hacer una revisión a la baja del Estado autonómico, pero defendió "ajustes" para "evitar duplicidades e ir hacia unas políticas más austeras y más eficientes". Es José María Aznar el que no se anda con sutilezas y viene exigiendo reiteradamente una reforma total porque las autonomías son "un lastre para salir de la crisis" y, en su opinión, "España no da para tener 17 instituciones que hacen las mismas cosas". Un sistema que, si ha fracasado, debería dar pie -según Joseba Egibar-a crear otro modelo que estableciera bien a las claras las diferencias competenciales que les corresponden a las nacionalidades históricas y al resto. Pero los discursos que se oyen en Madrid están lejos de encaminarse por los derroteros de lo dicho por el líder jeltzale. Y es que el peligro está precisamente ahí, en el objetivo final de las intenciones de los gobernantes del Estado para, tomando esta vez la crisis como excusa, forzar a una reordenación competencial de las autonomías pero a la baja, sin tomar en consideración que, mientras existen realidades históricas con aspiraciones nacionales, otras comunidades ni siquiera tenían bandera cuando se crearon. En este objetivo no será difícil que las dos fuerzas mayoritarias aúnen sus esfuerzos, olvidadas ya las veleidades hacia un escenario plurinacional con las que Zapatero se aupó a la presidencia en 2004. Este consenso ya se dio en 1981 con la aprobación de la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico pactado por socialistas y UCD que al final fue declarada inconstitucional tras una dura batalla legal. El Golpe de Estado y el peligro de "desmantelamiento" del país fueron los detonantes de aquella norma. Ahora es la crisis. Cualquier cosa con tal de no reconocer la realidad plurinacional donde sólo vascos, catalanes y gallegos tienen algo que decir.