DURANTE los últimos años hemos sido testigos de una ola incesante de opiniones respecto a la imperiosa necesidad de innovar, como mecanismo ineludible para la supervivencia de la empresa contemporánea, que se desenvuelve en un entorno vertiginoso y cambiante. Asimismo, y más recientemente pero no con menos fuerza, hemos incluido otro término: crisis. No sé si existen vocablos más utilizados, probablemente sí, pero lo que resulta interesante es que la conjunción de estos dos resulta un reto vital para las empresas de nuestros días: ¿cómo logramos relacionar ambos términos?
Una de las opiniones más extendidas es que la única vía para promover la innovación en nuestras empresas es mediante el apoyo gubernamental. Esta concepción ha estado justificada mediante el uso de una frase: la innovación conlleva implícito un alto nivel de riesgo, por lo que el objetivo es atenuar los mismos.
En este sentido, resulta paradójico considerar que las subvenciones sean la panacea para afrontar la innovación en nuestras empresas, y digo esto porque vivimos en un momento crítico en el que observamos las dificultades que está afrontando el sector público para responder a las demandas básicas de la población. En definitiva, la ecuación incluye los mismos factores, pero el resultado no es demasiado optimista: las empresas perciben menos valor del mercado, esto hace que el sector público obtenga menores recursos, en consecuencia, constriñe su gasto (entre otros aspectos, en lo concerniente a las subvenciones), siendo uno de ellos los relativos a temas de innovación para mantener su capacidad de respuesta a asuntos de primera necesidad.
Inmersa en temas de prácticas desleales del comercio internacional, tuve la ocasión de indagar en temas de importante repercusión tales como financiación del desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida de la población, acceso a servicios básicos, creación de empresas, nacimiento y fortalecimiento de sectores industriales, entre otros. Uno de los más discutidos, y en el que se insistía con mayor vehemencia en el marco multilateral de comercio (específicamente, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, OMC) era el del impacto de las subvenciones; sobre el particular se presentaron dos grandes disyuntivas: las distorsiones que los mismos pueden generar en actividades de comercio exterior de los distintos países participantes, y la necesidad de subsidiar empresas nacionales para su nacimiento y fortalecimiento.
Acerca de la primera disyuntiva, se puso de manifiesto la necesidad de reducir y controlar las cuantías y duración de los programas de subvenciones gubernamentales, a fin de que no se produjeran importantes daños en otras economías, es decir, no se afectaran las exportaciones de un país a otro, o se incidiera negativamente en el sector productivo de un país a causa de importaciones con precios sumamente bajos. En tal sentido, se hacía hincapié en el cumplimiento de los compromisos contraídos en la OMC respecto a tales cuestiones, destacando en este asunto las peticiones de los países en desarrollo a la Unión Europea, considerado uno de los principales actores en materia de otorgamiento de subvenciones.
Por otra parte, y sin obviar el asunto previo, los gobiernos de los países miembros manifestaron una gran preocupación por la competencia que deriva de la profundización de la globalización, haciendo inevitable la protección del aparato productivo nacional con miras a que el mismo encuentre nuevas vías para competir de manera eficiente. No obstante, para los Países en Desarrollo (PED) el tema iba más allá; se encontraban frente a la necesidad de promover la creación de empresas productivas, y de generar recursos públicos para subsidiar las mismas.
Dadas estas situaciones tan disímiles era inevitable que surgieran preguntas: ¿Cómo promover la creación de empresas eficientes?, ¿cómo subsidiar sin generar dependencia en estas empresas?, ¿cómo incrementar la competitividad de nuestras empresas?
Encontrar respuestas a estas cuestiones no será fácil, considerando la complejidad del contexto y además, la sensibilidad que caracteriza el tema de las subvenciones, la cual se ve materializada por su contribución al fracaso de las últimas rondas de negociación que han tenido lugar en la OMC, e incluso debido a las continuas discrepancias que están teniendo lugar a propósito del diseño y negociación de los Presupuestos Generales del Estado.
Tal situación exige un cambio de visión respecto al mecanismo. Así pues, las subvenciones deben ser entendidas como un instrumento de política pública excepcional, que aporte soluciones a las externalidades; sin olvidar que las causas de dichas externalidades son muy disímiles, por lo que es indispensable realizar una evaluación casuística para determinar si el uso de subvenciones públicas puede hacer frente a sus efectos, sin que se produzcan otros de mayor impacto. Asimismo, el diseño de programas de subvenciones debe contemplar de manera esencial el principio de adicionalidad, para lograr que sean capaces de aumentar el esfuerzo privado, y no lo sustituyan.
La argumentación previa puede resumirse en dos actitudes. Por una parte, la de las empresas, que debe caracterizarse por la implicación directa en la innovación por medio de la designación de recursos humanos y económicos para el desarrollo de estas actividades y el uso eficiente y racional de aquellos recursos provenientes de fuentes externas, fundamentalmente los de origen público, ya que los mismos normalmente no generan compromisos financieros y en consecuencia, puede tenderse a realizar un uso ineficiente de los mismos.
En segundo lugar, la racionalidad por parte del sector público, quien debe diseñar mecanismos que garanticen el control eficiente y eficaz de las subvenciones otorgadas, mediante la fiscalización del uso de las mismas y el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados, de forma tal que se evite la utilización indiscriminada de este mecanismo.
