El miércoles fue presentado en Bilbao La Bodega. Donde la memoria fue secuestrada. Este libro refleja la investigación liderada por los profesores de la EHU Alexander Ugalde e Itsasne Allende y el politólogo colombiano David Felipe Gómez para localizar el edificio de Barranquilla en el que fue torturado y asesinado en 2001 el docente universitario Jorge Adolfo Freytter Romero por miembros de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares de Colombia. La obra está editada por la asociación que lleva su nombre y de la que es coordinador su hijo, Jorge Freytter-Florián. En 2006, cuando apenas tenía 20 años, tuvo que exiliarse por las amenazas contra su vida que recibía y encontró asilo en Euskadi. Afincado en la capital vizcaina, trabaja desde aquí para seguir profundizando en lo ocurrido con su padre y con otros tantos represaliados ligados a la comunidad universitaria de su país de origen.
¿Qué siente al ver el fruto de más de tres años de intensa investigación sobre el asesinato de su padre?
Se trata de una importante investigación que hemos hecho desde Euskadi, en apoyo a la paz y a los derechos humanos en Colombia y a la construcción de la memoria histórica de estos crímenes de lesa humanidad a la academia crítica del país. Es una satisfacción importante y un logro el ver que vamos escalando en la producción de contenidos investigativos de la Fundación Freytter y sobre todo el avanzar en el reconocimiento de este tipo de hechos.
El gran descubrimiento de este libro es precisamente el edificio en el que fue asesinado su padre, La Bodega. ¿Cómo se llega a dar con ese lugar?
Iniciamos esta investigación hace 22 años, cuando empezamos junto a periodistas como Julián Martínez Vallejo a desclasificar archivos de inteligencia militar. Después constatamos que en algunos relatos de la Policía Judicial y de miembros del paramilitarismo, que pertenecían al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, hablaban de un lugar donde fabricaban barcos en la zona industrial de Barranquilla. Fuimos contactando fuentes y mirando registros hasta que en uno de los informes, un miembro del Gaula -fuerzas especiales de la Policía y el Ejército contra el secuestro y la extorsión-, el exteniente Flover Argeny Torres, da detalles del lugar y de cómo operaban ellos con mercenarios de grupos paramilitares, en connivencia con agentes del Estado, para llevar retenido al personal a La Bodega. En estos últimos tres años de investigación georreferenciamos este lugar de tortura al que, de momento, no hemos podido acceder.
"Desde el año 2023 le venimos solicitando al presidente Petro que nos entregue La Bodega para hacer de ella un escenario de resignificación de memoria histórica y paz en la región Caribe de Colombia"
¿Cuántas personas creen que pudieron ser torturadas y asesinadas en La Bodega de Barranquilla?
Además de mi padre, tenemos otras siete personas, dos de ellas menores, identificadas como casos de desaparición forzada en Barranquilla, también en el año 2001, que acabaron en La Bodega. Pero en los últimos días nos están llegando informaciones a nuestras redes sociales y al correo electrónico de la Asociación dándonos información de que posiblemente, haya más personas que fueron torturadas y desaparecidas en este lugar. Para nosotros es importante reconstruir la historia de estas personas. No hay ningún informe hasta ahora, en la ciudad de Barranquilla, que aborde desde el enfoque de la denuncia del fenómeno del paramilitarismo y la documentación de fuentes primarias y secundarias cómo el Gaula torturó, junto al paramilitarismo, a personas en este lugar. Esta bodega no es un simple lugar de tortura, representa toda la arquitectura de impunidad corporativista mercenaria en el Atlántico. Porque hay políticos y testaferros, como Enilce López La Gata, que tenía la propiedad de esta bodega a través de una agencia de Lotería y apuestas, Uniapuestas, con la cual hacía lavados económicos del narcotráfico. Fue condenada por vínculos con los paramilitares y donó millones de pesos a la campaña presidencial de Álvaro Uribe. Y antes la propiedad era del narcotraficante Gustavo Adolfo Rey.
La propiedad de ese inmueble es una muestra más del vínculo entre el narcotráfico y los paramilitares.
Claro. Y hay que agregar algo. Los políticos recurren al narcotráfico y al paramilitarismo y el narcoparamilitarismo recurre a los políticos. Eso crea un binomio que en Colombia se configuró como la parapolítica. Esa es la que ha sustentado estos lugares de tortura en silencio, en complicidad. Justo este miércoles, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, a raíz de nuestra publicación, confirmaba la existencia de una investigación sobre La Bodega, con referencias a cuánto fue el dinero que gastaron en la compraventa del inmueble, a quiénes eran los propietarios… E informaba de que en el País Vasco se había sacado un documento. Esta investigación tiene un impacto y cuestiona ese binomio entre narcoparamilitarismo y agentes del Estado.
Es lógico pensar que, más allá de esas ocho personas documentadas, fueron muchas más las que fueron torturadas y asesinadas allí...
Sí, y no es ni va a ser el primer lugar de tortura que nos vamos a encontrar. Nos preocupa mucho la falta de atención en los gobiernos anteriores en Colombia, que eran afines al paramilitarismo, como el de Iván Duque, el de Juan Manuel Santos y el de Álvaro Uribe. Toda esta labor investigativa es una tarea de alto riesgo y, en la medida en que sigamos avanzando en ella, hacemos el llamado para que la Fiscalía vincule al coronel Leonel Sánchez Montenegro, que fue en 2001 el máximo comandante del Gaula de la Policía. En testimonios en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), uno de los extenientes de esa misma unidad manifestó el hecho de que cuando retuvieron, torturaron y tiraron a la cuneta el cuerpo de mi padre, ya habían sustraído toda la documentación y la información que poseía en el momento de su desaparición y se la entregaron a Sánchez Montenegro.
Lo único que hizo su padre para acabar así fue denunciar casos de corrupción en la universidad.
Mi padre, aparte de ser académico, era un militante político, pensaba que los recursos de la tierra debían ser distribuidos, que las clases más desfavorecidas debían tener acceso a la educación pública, que había que defender los derechos laborales... Dentro de este trabajo que articulaba entre la Universidad y la sociedad colombiana, el Estado lo declaró objetivo militar. Esto es un crimen de Estado. Nosotros estamos en un marco de solución amistosa con el Estado colombiano que no ha sido fácil. Al menos este Gobierno de Gustavo Petro sí tiene una apertura a discutir, a generar los mecanismos suficientes para avanzar y transitar a un reconocimiento de responsabilidad. Pero con el gobierno de Duque, de Uribe y de Santos era totalmente imposible, porque son gobiernos de derecha. Y la derecha en Colombia está ligada al narcotráfico, al narcoparamilitarismo.
Recientemente su asociación presentó en el Parlamento Vasco un proyecto para convertir La Bodega en un espacio de memoria. ¿Cómo van las gestiones?
Desde el año 2023 le venimos solicitando al presidente Petro que nos entregue La Bodega para hacer de ella un escenario de resignificación de memoria histórica y paz en la región Caribe de Colombia. Consideramos que es algo naturalmente identificable para un Gobierno que defiende y promueve los derechos humanos y que el mismo Gustavo Petro entiende, porque él fue torturado y exiliado. Nuestro objetivo es que, con las organizaciones sociales, los exiliados y las instituciones vascas podamos trazar un camino para, de manera respetuosa y conjunta con la comunidad de Barranquilla, construir un espacio de memoria histórica que tanto podrá contribuir a la solución política de nuestro conflicto y a la paz territorial.
"Para los colombianos en el exilio es doloroso que Euskadi se vuelque en el apoyo, incluso económico, a estos contenidos y en Colombia aún estemos tocando la puerta para que nos escuchen"
En Euskadi también hay un proyecto similar con el Palacio de La Cumbre de Donostia, donde grupos ligados al terrorismo de Estado torturaron a Lasa y Zabala.
Sí, estamos buscando los mecanismos para sentarnos con las personas que articulan este espacio y establecer una colaboración para reconocer espacios de tortura internacional. Esto se enmarca en el acompañamiento que vienen haciendo el Parlamento Vasco, la EHU, la Agencia Vasca de Cooperación, ayuntamientos y diputaciones con Colombia. Para los colombianos en el exilio es doloroso que Euskadi se vuelque en el apoyo, incluso económico, a estos contenidos y en Colombia aún estemos tocando la puerta para que nos escuchen.
Al parecer, se pueden hacer cosas aquí que tengan influencia allí.
Sí. La asociación ha hecho aportes muy importantes. Antes ya hicimos una investigación en diferentes universidades públicas de Colombia. Entre el 2000 y el 2019 recopilamos al menos 140 casos de violaciones de derechos que documentamos en el estudio Universidades sobre sospecha, represión estatal, a estudiantes, profesores y sindicalistas en Colombia. Algunas de esas víctimas vinieron a Euskadi a solicitar protección.
"El 'caso Freytter' es un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribe. Las víctimas y los investigadores de la violencia política en Colombia no tenemos prisa, pero los victimarios sí la tienen por ocultar esos horrendos hechos que cometieron"
¿Cuáles son sus próximos pasos?
En el libro planteamos unas recomendaciones a la Fiscalía General de la Nación para que profundice las investigaciones sobre la actuación de los altos mandos militares en Barranquilla. Y también para que permita que la Comisión de Observación que viajará el año que viene desde Euskadi a Colombia pueda entrar en La Bodega y localizar posibles restos biológicos o trazos de ADN que contribuyan a la verdad. En esa delegación habrá miembros de la Asociación Freytter, peritos forenses, antropólogos, personal de la EHU, abogados, periodistas… También hemos extendido la invitación a miembros del Parlamento Vasco. Seguimos trabajando. El caso Freytter es un crimen de lesa humanidad, por lo que no prescribe. Las víctimas y los investigadores de la violencia política en Colombia no tenemos prisa, pero los victimarios sí la tienen por ocultar esos horrendos hechos que cometieron.
