Los errores en las escuchas y la decisión del juez de dejar fuera los delitos de corrupción y prevaricación han sembrado la duda sobre si la Fiscalía portuguesa se precipitó con el caso que hizo dimitir a António Costa, pero la investigación sigue abierta y todavía no se puede descartar una acusación.
Los portugueses se vieron sorprendidos el pasado 7 de noviembre, cuando el primer ministro anunció su dimisión tras saberse investigado en un caso de supuesta corrupción en negocios relacionados con el litio y el hidrógeno, bautizado como Operación Influencer. La Policía detuvo a cinco sospechosos, entre ellos el jefe de Gabinete de Costa, Vítor Escária –que tenía más de 75.000 euros escondidos en su despacho–, y su padrino de boda, Diogo Lacerda Machado.
Pero a esa sorpresa se unieron pronto otras, cuando el fin de semana se descubrió que la Fiscalía se había equivocado al transcribir una de las escuchas y había confundido al primer ministro con el titular de Economía, António Costa Silva.
La fiscalía, cuestionada
Seis días después de la dimisión, el juez instructor dejó libres a los cinco detenidos en la operación y consideró que no había pruebas suficientes de prácticas de corrupción y prevaricación, con lo que mantuvo sólo delitos menores como tráfico de influencias.
Este giro de los acontecimientos ha sembrado la duda en Portugal sobre el trabajo de los fiscales e incluso muchos se preguntan si el primer ministro, al final, dimitió por nada. “Hubo una precipitación de la Fiscalía al interpretar las escuchas”, aseguró a Efe el abogado portugués Pedro Falcão, quien, aun así, apuntó que es necesario esperar porque pueden surgir nuevas pruebas.
La Operación Influencer desató registros en más de 40 lugares, incluida la residencia oficial de Costa, toda la documentación incautada tiene que ser minuciosamente analizada y la investigación sigue abierta. Así, no se puede descartar que la Fiscalía encuentre nuevos indicios con los que convencer al juez de que efectivamente se trata de un caso de corrupción.
Sobre la investigación a Costa poco se sabe. La Fiscalía se limitó a informar en cinco líneas de un comunicado de que varios sospechosos habían hablado de su supuesta implicación en el caso por “desbloquear procedimientos” y que hay una investigación autónoma sobre el primer ministro dimisionario abierta en el Supremo.
Varios partidos políticos instaron a que el Ministerio Público esclarezca las sospechas, al considerar que sería muy grave que un primer ministro haya dimitido si no son firmes. “No sabemos cuál es el tipo de delito que se está investigando”, recordó Falcão, por lo que es “absolutamente imposible” saber si la decisión del juez instructor compromete la investigación sobre el socialista.
En una de las escuchas hubo además un error de transcripción: una mención al jefe del Gobierno se refería realmente a António Costa Silva, el ministro de Economía.
Por su parte, Costa negó haber cometido actos ilícitos. El jefe del Gobierno dimisionario pidió disculpas y se distanció de su antiguo padrino de boda, al asegurar que “un primer ministro no tiene amigos”.
Pérdida de confianza
Sea cual sea su final, el proceso ya ha dejado un impacto negativo en la opinión pública. “Este caso claramente agrava la falta de confianza en las instituciones, porque estamos hablando no sólo del Gobierno sino también del poder judicial, con varias incongruencias en la investigación”, dijo a Efe la politóloga Isabel David.
La Fiscalía, señaló el abogado Falcão, debía haber sido más “cautelosa”, teniendo en cuenta que el caso afectaba a personas próximas al primer ministro y la relevancia que iba a tener en la vida política nacional.
Las consecuencias ya son visibles, el terremoto político ha derivado en la convocatoria de elecciones anticipadas para el 10 de marzo y Costa ha reconocido que “probablemente” no volverá a ejercer nunca un cargo público. Hay que esperar para ver si la investigación arroja alguna luz antes de que los portugueses decidan en las urnas. l
Advertencias
El jefe del Parlamento portugués, Augusto Santos Silva, afirmó el pasado jueves que la disolución de la Asamblea de la República tras la dimisión de António Costa por una investigación judicial “puede ser peligrosa”, porque “significa que la Fiscalía puede determinar el tiempo de los mandatos políticos”. En una entrevista a RTP, Santos Silva dijo que la decisión de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas es legítima, pero “no era necesaria” al haber “una mayoría parlamentaria cohesionada y estable”.
