A la obligatoriedad de usar el burka, le siguieron decisiones como la prohibición de que las mujeres accedan a los estudios universarios y, desde este fin de semana, el Gobierno talibán de Afganistán ha prohibido a las mujeres trabajar en las ONG. Pese a que prometieron respetar los derechos humanos en un intento por recuperar los fondos de la comunidad internacional, la realidad de las mujeres afganas se asemeja cada vez más a la del primer régimen talibán de entre 1996 y 2001, cuando en base a una rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali prohibieron la asistencia femenina a las escuelas y recluyeron a las mujeres en el hogar.
Esta última decisión afectará a miles de familias que dependen de los ingresos que perciben las mujeres por su labor humanitaria en un país con una economía colapsada tras la suspensión de los fondos de la comunidad internacional con la llegada al poder de los fundamentalistas en agosto de 2021.
“Como yo, miles de chicas y mujeres somos el principal sostén económico de nuestras familias. A las mujeres no se les permite trabajar en organizaciones gubernamentales y ahora están suspendidas de trabajar en ONG, por lo que no hay medios de subsistencia para que sobrevivamos”, alertó a Efe Meena Noorzai, trabajadora en un centro de llamadas de una ONG internacional. La activista indicó que cientos de ONG locales cuentan con el apoyo financiero de instituciones internacionales “para empoderar a las mujeres en Afganistán”, por lo que este veto supone además un retroceso en materia de derechos para las afganas.
La orden también podría provocar que las ONG instaladas en Afganistán detengan sus operaciones y el país deje de percibir una ayuda económica imprescindible para brindar asistencia humanitaria a millones de familias en situación crítica.
“Hay miles de ONG nacionales e internacionales que están trabajando en Afganistán” que se verán afectadas por esta medida y que gracias a su presencia “se han distribuido miles de millones de dólares de ayuda humanitaria en Afganistán”, señaló por su parte la activista social afgana Nahid Noori.
Condena internacional
Naciones Unidas y Estados Unidos condenaron el decreto de los talibán sobre las ONG. “Cualquier orden de este tipo violaría los derechos más fundamentales de las mujeres, además de constituir una clara violación de los principios humanitarios”, advertió la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en un comunicado.
Asimismo, avanzó que la ONU tratará de reunirse con los dirigentes talibán para obtener aclaraciones sobre la mencionada orden que, ha alertado, “perjudicará aún más a los más vulnerables, especialmente a las mujeres y las niñas”.
“Privar a las mujeres del libre albedrío para elegir su propio destino, desempoderarlas y excluirlas sistemáticamente de todos los aspectos de la vida pública y política supone un retroceso para el país”, concluyó.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antònio Guterres, lamentó la decisión, que “socavará la labor de numerosas organizaciones que trabajan en todo el país ayudando a los más vulnerables, especialmente mujeres y niñas”.
Por otro lado, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter su profunda preocupación por el decreto al tratarse de una decisión que “podría ser devastadora para el pueblo afgano”.
