Hace 29 años cuatro mujeres y siete hombres formaron parte del primer jurado popular, un experimento que serviría para testar la validez de esta institución. Desde entonces se han celebrado centenares de juicios en los que, a diferencia de aquella prueba llevada a cabo en Palma de Mallorca, el veredicto al que llegan es vinculante, aunque su capacidad sea limitada. Determinan la culpabilidad o no del acusado, pero no la pena que conlleva, apartado reservado para el juez o la jueza. Lo que ocurre es que la responsabilidad que se otorga a estos ciudadanos influye directamente en el tipo de delito. Ocurrió en el caso de Nagore Laffage, en el que el tribunal popular, influenciado por el golpe de efecto de la defensa de Yllanes, concluyó que este “no aprovechó la indefensión de Nagore” para matarla. Consecuencia: culpable de un delito de homicidio y no de asesinato. No ha sido el único caso polémico con un jurado de por medio que ha puesto en el punto de mira la capacidad de los ciudadanos para administrar justicia. El año pasado ocurrió con la sentencia de la primera parte del juicio por la muerte del joven Santi Coca. De los cinco procesados, cuatro quedaron absueltos y solo uno fue condenado por homicidio imprudente. Fátima, la madre de Santi, sintió que la justicia le había fallado. Veremos qué pasa ahora con Aintzane Pujana.