Por desgracia, a la ciudadanía de Euskal Herria le tocó convivir durante unas cuantas décadas con el terrorismo, tanto el que practicó ETA como el promovido desde las cloacas del Estado. Ejecutores, víctimas y espectadores, todos y todas nos vimos envueltos en su macabra dinámica, que condicionó nuestras vidas de forma severa. Hoy todavía pagamos las consecuencias de todo aquello. Por eso, por el indeseable conocimiento que adquirimos, resulta muy difícil detectar signos de esa violencia en el procés de Catalunya, pese al empeño de algunos jueces y algunos políticos por mezclar las movilizaciones independentistas con el terror organizado en su intento de criminalizarlas. El objetivo ahora es hacer descarrilar la ley de amnistía para cortocircuitar la vía de regreso de Carles Puigdemont a Catalunya. El juez García Castellón se ha erigido en el adalid de la misión, retorciendo los hechos en el caso del pasajero que falleció en el aeropuerto del Prat por un infarto cuando las protestas de Tsunami Democràtic o fabulando sobre supuestos planes contra el rey con el propósito, en ambos casos, de sostener los tipos no amnistiables del delito de terrorismo. Tenga éxito o no el juez, lo cierto es que está obligando al PSOE a redactar una ley a la carta con el consiguiente desgaste político que le acarrea. Y para los enemigos de Sánchez no es un consuelo menor.
