Nos podemos imaginar la reacción del unionismo a un misil dirigido por la Generalitat contra la economía andaluza. No sé si la invitación de Moreno Bonilla animando a los ricos catalanes a cambiar de residencia para aprovecharse de la anunciada desaparición del impuesto de patrimonio puede calificarse de supremacismo andaluz, pero es la acusación recurrente cuando hay que zurrar a Catalunya. El debate sobre los impuestos está atravesado por el eje ideológico y rápido lo ha visto Moncloa anunciando un tributo para las grandes fortunas como réplica al movimiento del PP. Pero la cuestión no solo es ideológica. En los 90, las diputaciones vascas aprobaron unas medidas dirigidas a atraer inversión foránea que se conocieron con el nombre de vacaciones fiscales. Es verdad que fueron anuladas por Europa, pero lo que interesa recordar es la reacción furibunda de las comunidades limítrofes gobernadas por el PP, más allá de la legítima defensa de sus intereses. El unionismo siempre enarbola la bandera de “la igualdad de todos los españoles” como ariete contra singularidad vasca o contra la aspiración de Catalunya por un régimen fiscal propio. Ahora, el PP se pasa esa igualdad por el forro en beneficio de sus intereses electorales, mientras en el debate abierto vuelve a asomar a izquierda y derecha el discurso centralista que quiere acabar con el concierto económico; en su lenguaje, “privilegios vascos”. Nada nuevo, pero por si acaso más vale estar alerta.
