Al contrario que otras veces y para mi sorpresa, el tono general de la reacción de la clase política y los medios de comunicación españoles ante la noticia de que el informe del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es favorable a las tesis del juez Pablo Llarena y, por consiguiente, malo para la causa de Puigdemont y el resto de políticos catalanes que le acompañan en el exilio, ha sido comedido, sin euforias. No es la primera vez que el expresidente de Catalunya se ha encontrado en situaciones en las que se presumía que había llegado al final de la escapada. Sin ir más lejos, el año pasado en Cerdeña, cuando lo creían cazado y lo imaginaban entre rejas. La decisión del letrado del tribunal comunitario es un revés para Puigdemont pero aún tienen que ocurrir muchas cosas antes de que la justicia belga decida entregarlo a España. La batalla legal de la defensa del expresident parece que se va a enfocar en la existencia de deficiencias en el sistema judicial español, un argumento que cada día acumula más pruebas gracias a los audios del comisario Villarejo. Grabaciones que dan testimonio del conchabeo entre altos mandos policiales, miembros del Gobierno, jueces estrella y destacados periodistas para fabricar pruebas con el objetivo explícito de destruir, entre otros, a los políticos catalanes. A lo mejor, en contra de lo que ocurre en España, este escándalo es demasiado fuerte para los estándares democráticos que se estilan por Europa.
