- La asociación Haritzalde denunció ayer que, más de dos años y medio después, el Ayuntamiento de Donostia "sigue sin cumplir" la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por la que se declaraba ilegal el vertido de toneladas de piedras y materiales en Belartza Alto, procedentes de Belar-tza Cantera, y se ordenaba su "inmediata retirada y restauración del medio".

Tal y como recordó Haritzalde, en ese lugar "existía un prado protegido por ser considerado un Hábitat de Interés Comunitario, formando parte del paisaje de campiña, tan amenazado, que todavía se mantiene en el Cinturón Verde de la ciudad".

En esa línea, recordó, en septiembre de 2019 el Consistorio donostiarra "recibió la notificación donde se le daba un plazo de dos meses para su ejecución" y un año después, en septiembre de 2020, el Ayuntamiento anunciaba públicamente el inicio de la ejecución subsidiaria de la sentencia.

"Pero a punto de terminar 2021, no se ha movido ni una sola piedra de allí y esa sentencia, con orden posterior de ejecución forzosa y que recientemente el juzgado ha instado en acelerar los trámites para su cumplimiento, sigue sin cumplirse", denunció Haritzalde.

Haritzalde afirmó que la "responsabilidad" recae sobre la concejala de Urbanismo, Nekane Arzallus, que, "peligrosamente, parece querer seguir la triste senda de su predecesor, Enrique Ramos", al tiempo que ha subrayado que el alcalde, Eneko Goia, "tampoco puede mirar hacia otro lado ante un incumplimiento de la legalidad tan flagrante".

Además, el colectivo ecologista censuró que el Gobierno Municipal "sigue negociando y colaborando con la empresa promotora e incumplidora, a la que ellos mismos han sancionado en repetidas ocasiones". "Ellos declararon que el vertido no lo iban a retirar y lo están cumpliendo, pero el Ayuntamiento, lejos de ponerse firme, les baila la copla impulsando un nuevo Plan Parcial para Belartza Alto, que ahora está en periodo de alegaciones".

A juicio de Haritzalde, lo que está acaeciendo en Belartza "es un claro caso de urbanismo a la carta, en el que un interés especulativo privado quiere hacer el agosto a costa del medio natural y del entorno rural, ignorando un interés general que precisamente va en dirección opuesta".