- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la orden de ocupación forzosa del concesionario Vertiz de Martutene, que había sido expropiado por el Ayuntamiento de Donostia, para proseguir con las obras de ensanchamiento del río en Martutene.

Los jueces han dado la razón a los dueños de la empresa, que no pudieron presentar las debidas alegaciones a la ocupación forzosa, dado que por un error no les llegó la demanda en la que se exigía el abandono del terreno. Sin embargo, y a pesar de que la expulsión de la finca no fue legal, según el TSJPV, aquel hecho ya se produjo por lo que no puede retrotraerse el proceso al momento anterior a que sucediera, como sugiere la sentencia.

Aunque el Ayuntamiento y los propietarios del terreno llevaban desde 2016 negociando los términos de la expropiación (fijada en 1,7 millones de euros) para evitar terminar en los tribunales, la intervención de los jueces finalmente no ha estado ausente del proceso.

En determinado momento, y tras tres demandas del Ayuntamiento para que se desocuparan las fincas, que no fueron aceptadas por el juzgado, el Consistorio presentó una cuarta, que sí fue aceptada por el tribunal de primera instancia, aunque no llegó a los propietarios. En noviembre de 2019 el Consistorio envió a efectivos de la Guardia Municipal a cerrar el concesionario de coches, con 140 vehículos aún en su interior.

La situación conllevó el malestar de los dueños del concesionario. También de quienes había comprado coches y no los podían retirar y de quienes tenían automóviles en el taller sin terminar de reparar. Finalmente, el Ayuntamiento habilitó tres horas para que los dueños de los vehículos pudieran retirarlos y los dueños de Vertiz Motor demandaron al Ayuntamiento por haber ocupado el terreno sin haber podido rebatir la decisión en aquel momento.

De hecho, según la queja expresada entonces por el administrador de la empresa,Tony Vertiz, ellos continuaban trabajando con normalidad y no esperaban una ocupación repentina de los terrenos.

Tras aquella situación, durante varios meses, un hombre se estuvo manifestando con carteles en la puerta del Ayuntamiento.

La falta de acuerdo entre el Consistorio donostiarra y la empresa Vertiz para abandonar la finca llevó, incluso, a que la agencia vasca del agua Ura cambiarse su planificación y comenzase las obras de la segunda fase de ensanchamiento del Urumea por el otro extremo para dar tiempo a que el Ayuntamiento obtuviese los terrenos.