- Los residentes en las viviendas de los números 11, 13 y 17 de la calle Amara deberán dejarlas en un breve plazo, después de que ayer fuese aprobado su desalojo por parte de la Junta de Gobierno local, según anunció el alcalde, Eneko Goia, que añadió que los contratos han quedado extinguidos.
El primer edil recordó que estas viviendas presentan "graves patologías estructurales" que conllevan una situación de ruina "con el consiguiente riesgo para la seguridad de sus propios ocupantes y de posibles viandantes que pudieran transitar por sus inmediaciones". Por ello, se instalará un vallado alrededor de los edificios, aunque quedarán abiertos los accesos a los portales.
El alcalde señaló que el Ayuntamiento pretende que el traslado de los vecinos se produzca "con la mayor premura posible". Sin embargo, por el momento, de las 19 familias que viven en los tres bloques solo nueve han aceptado su traslado a Morlans, mientras que las demás no están conformes con la oferta recibida. Entre los residentes en las casas no quedan guardias municipales en activo, explicó Goia, aunque sí algunos jubilados, así como viudas y familiares.
Los que han aceptado trasladarse a viviendas de Morlans, cedidas por el Gobierno Vasco, pagarán las mismas cantidades módicas que hasta el momento y recibirán 500 euros del Consistorio para compensar los gastos de traslado.
La reubicación en viviendas sociales de Morlans se fundamenta en que los actuales ocupantes son "un colectivo de personas especialmente vulnerables por su edad, el carácter módico de sus ingresos, ya que son pensionistas, y que en todos ellos concurre la necesidad de vivienda", dice el dictamen municipal. Asimismo, recalca la "apremiante necesidad" de vivienda de los moradores a pesar de que la ocupación de los pisos "debía haber concluido al momento de jubilación de los guardias municipales," algo que el Consistorio no tuvo en cuenta en su momento.
El Ayuntamiento pretende seguir negociando "uno a uno" con quienes no han firmado sus realojos, aunque sostiene que no tienen derecho a seguir en las viviendas, según los contratos que se firmaron en su día.
Por otra parte, las asociaciones que ocupan locales públicos en estas construcciones, como la de vecinos Amara Bai, no tienen aún un espacio alternativo al que trasladarse, motivo por el cual han mostrado sus reticencias para irse. El alcalde señaló ayer que ya tiene una cita con representantes de la asociación vecinal con el fin de buscar una nueva sede.
