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Piden a las instituciones que fijen topes para el precio del alquiler privado

Stop Desahucios, Inquilinos de Azora y Benta Berri Alokairu recuerdan que en Donostia hay un mínimo de 4.000 pisos vacíos

20.08.2020 | 23:17
Estibaliz, Josune y Miren, tres jóvenes madres que no pueden acceder al mercado del alquiler, ayer en la concentración en contra de los desahucios y por la vivienda social.

donostia – La plataforma Stop Desahucios, la Asociación de Inquilinos de Azora y la de arrendatarios de Benta Berri, Alokairu, reclamaron ayer tanto al Gobierno Vasco como al Ayuntamiento de Donostia que controlen los precios de los alquileres privados con el fin de facilitar la vivienda a las numerosas familias que no pueden acceder en la actualidad al mercado del arrendamiento, por ser muy caro, ni a los pisos de alquiler social, por ser insuficientes.

La portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, criticó que el Gobierno Vasco no ha llegado a implantar el canon a la vivienda vacía, que está previsto en la Ley de Vivienda desde 2015, y reclamó a las instituciones que, además de tomar medidas legales para empujar a que los pisos vacíos se ocupen, fije precios máximos para los arrendamientos privados. Para ello, exigió que se analice la Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), que tiene en cuenta la realidad de los precios ya que se basa en las fianzas depositadas para los alquileres. La implantación de topes de precios para el arrendamiento "es una obligación moral y política", dijo. Asimismo recordó que, solo en Donostia, hay un mínimo de 4.000 viviendas vacías "y el Ayuntamiento lo sabe porque les cobra el recargo del IBI".

La reclamación de las tres entidades no se dirigió solo a las instituciones públicas sino también a los particulares, a quienes pidió que fijen unos precios más moderados.

Asimismo, García recordó que tanto el Gobierno Vasco como el Ayuntamiento de Donostia cuentan con programas de fomento del alquiler (Bizilagun y Alokairu), que garantizan a los propietarios el cobro de las rentas y otras ventajas, aunque con precios inferiores a los del mercado, y criticó que en los últimos tiempos, el número de pisos que se derivan a estos programas institucionales ha quedado estancado, en lugar de aumentar.

Las tres entidades convocantes se concentraron frente al Ayuntamiento de Donostia y contaron con la presencia de tres familias jóvenes, con hijos pequeños, que se ven obligadas a vivir con sus parientes o con otra familia, "hacinados", o en habitaciones con derecho a cocina. "Es un drama social que viven los ciudadanos vulnerables", dijo García, que recalcó que "la vivienda es un derecho y no un producto para especular".

Las tres familias, según recordaron, forman parte de las más de 7.000 inscritas en Donostia para acceder a las viviendas del parque público de Etxegintza que, según aseguraron, tiene cerca de 1.500 pisos para arrendar (además de unos 500 apartamentos para jóvenes y mayores), lo que resulta "totalmente insuficiente".

García se mostró satisfecha de que las últimas 162 viviendas de alquiler público impulsadas por el Ayuntamiento de Donostia en Txomin Enea se hayan repartido por el método de la baremación y no por sorteo, como ha venido reclamando Stop Desahucios en los últimos tiempos. Sin embargo, lamentó su escasez para hacer frente a las necesidades de numerosas familias, cuyos sueldos les impiden poder pagar alquileres de mercado. La portavoz de las plataformas contra el desahucio y la vivienda social aseguró que la mayoría de las personas que forman parte de la lista de 7.000 apuntados para acceder a un piso tiene sueldos de entre 3.000 y 16.000 euros, "lo que les impide pagar los alquileres abusivos existentes en Donostia y en Gipuzkoa".

García anunció que, a pesar de la situación derivada del coronavirus, la plataforma antidesahucios llevará a cabo una campaña hacia las instituciones. Para ello, cuenta con el apoyo de formaciones políticas, como EH Bildu y Elkarrekin Podemos, así como del sindicato CCOO, algunos de cuyos miembros se sumaron ayer a la concentración reividindicativa.

La plataforma antidesahucios pide a los propietarios que deriven sus viviendas a programas como Bizilagun o Alokairu

Critican que el Gobierno Vasco no ha implantado aún el canon a la vivienda vacía a pesar de estar previsto en la ley desde 2015