Donostia – Acceso a la vivienda. Vivienda ha sido a todas luces la palabra del año de 2025 por delante incluso de arancel, trumpismo o apagón. Está por ver si en 2026 el precio de los pisos y los alquileres dejará de figurar como la principal preocupación de la población vasca. El Gobierno Vasco está dando pasos para ello. El pasado lunes entró en vigor en Euskadi la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo. Y 2025 se cerró con municipios declarados oficialmente zonas de mercado residencial tensionado: Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Barakaldo, Irun, Galdakao, Donostia, Bilbao, Astigarraga, Usurbil y Gasteiz. Los once concentran en torno a 1.048.000 habitantes, lo que equivale al 47,7% de la población vasca.

Según el Departamento de Vivienda, a esta lista “se irán sumando de forma progresiva” otros municipios que cumplen los criterios objetivos establecidos en la ley y han solicitado formalmente la declaración, “a los que se acompañará con apoyo del trabajo técnico del Observatorio Vasco de la Vivienda y de la guía para ayuntamientos”. Esta cobertura territorial se ampliará “de forma significativa” a comienzos de 2026, ya que, con la próxima declaración de Hernani, Tolosa y Lezo, prevista para finales del mes de enero, el porcentaje de población residente en zonas tensionadas superará el 50% del total de Euskadi.

Además, el Departamento trabaja con otras localidades con los trámites ya en marcha, entre ellos Arrasate, Zestoa, Pasaia y Basauri, que podrán incorporarse en fases posteriores una vez culminados los procedimientos correspondientes. Para el próximo año el objetivo será, “profundizar en los planes trienales de acción asociados a cada declaración” y proteger al 53,36% del total de la población vasca, residente en estos 18 municipios.

Por otra parte, el Departamento prevé que 2026 sea el año en el que se culmine la publicación de los índices de referencia vinculados a la contención de los precios del alquiler en zonas tensionadas, “un proceso que depende de datos tributarios de arrendadores y arrendatarios, y que en Euskadi se obtienen vía la declaración del IRPF de las Haciendas Forales”. En su opinión, la colaboración en este campo de las Diputaciones Forales es “clave” para asegurar “que se obtienen y comparten aquellos datos necesarios para establecer dichos índices en cada uno de los tres territorios vascos”. Según ha manifestado el consejero Denis Itxaso, la vivienda “es un problema que tiene solución”, y la legislatura entra en 2026 “con reformas y la mayor dotación de recursos económicos para Vivienda de la historia del Gobierno Vasco, orientados a resultados concretos en el ámbito de la oferta, pero también de la demanda”. En 2026 también se trabajará en “mejoras normativas” para “fortalecer la protección de la demanda y ampliar el alcance del sistema vasco de prestaciones para mejorar el acceso a una vivienda”.

Entre los hitos previstos, figuran la modificación del Decreto 147/2023, “ajustando requisitos para incrementar el número de personas beneficiarias del derecho subjetivo y de programas como Gaztelagun o Bizigune”. Según Denis Itxaso, este paquete de reformas “se alinea” con las actualizaciones ya impulsadas en 2025 a través de la Ley de Medidas Urgentes, “con foco en atacar los problemas a los que se enfrenta la oferta, y mejorar así el acceso a programas y prestaciones clave para hacer efectivo el derecho de acceso a una vivienda digna y asequible”.

Con la aprobación del Decreto de Medidas Urgentes a finales del primer trimestre de 2026, Vivienda completará su “Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi”, que agrupa en un único documento “la caja de herramientas con la que se pretende responder a la actual crisis de oferta, tanto para las personas más vulnerables como para el grueso de las clases medias”.