El conflicto de las ambulancias llegó este lunes al Parlamento Vasco con la comparecencia en comisión de la viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, Lorea Bilbao, quien anunció que, tal y como se venía rumoreando, la Administración vasca espera que para antes del 30 de noviembre esté ya resuelto los problemas en el servicio de ambulancias no urgentes y de emergencias de Bizkaia y Araba, que en la actualidad presta la empresa catalana La Pau, y cuya solución pasará, previsiblemente, por nuevas y “más estrictas” licitaciones para que sean otras las empresas que asuman esta labor, ya que considera que la cooperativa, fundada en 1983 en Badalona y que también tiene adjudicado servicios del Servicio Catalán de Salud, de no es capaz de dar un servicio adecuado.

Bilbao anunció, además, de que el Departamento de Salud publificará también el servicio de ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Gipuzkoa, que en la actualidad –y a diferencia de lo que ocurre en los otros dos territorios, donde ya lo presta la propia Osakidetza directamente– está adjudicado a una empresa privada.

La viceconsejera, que compareció en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu para informar sobre la situación del servicio de ambulancias que presta La Pau en Bizkaia y Araba, explicó que desde finales de julio “las cosas han empeorado” en esta empresa, que ya ha comunicado que ha habido problemas para el pago de algunas nóminas a sus trabajadores debido a que su situación económica “ha empeorado”.

Además, señaló que La Pau “no ha prestado o no lo ha hecho en las condiciones debidas” determinados servicios, y que incluso ha tenido ambulancias “fuera de servicio” debido a “diversas razones”. La viceconsejera, que ha defendido la legalidad del procedimiento empleado para adjudicar los servicios de ambulancias no urgentes y de emergencias que en la actualidad presta esta empresa, reconoció la “preocupación” que existe en seno del Departamento de Salud y en Osakidetza ante la situación que se está produciendo en el servicio y en el funcionamiento interno de la compañía.

Comisión de seguimiento

Bilbao, que recordó que ya se han impuesto a la empresa varias sanciones por el incumplimiento de algunas de las condiciones del contrato, también anunció que se designará una comisión para realizar un seguimiento “más estrecho” sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de la adjudicataria.

En este sentido, explicó que parece “difícil” que la empresa pueda cumplir con los compromisos contemplados en el nuevo convenio, que incluye mejoras salariales para los trabajadores. En este sentido, señaló que para hoy mismo está prevista una nueva reunión con el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales y con la propia La Pau.

“Queremos que la empresa diga claramente si reúne todas las condiciones para poder prestar el servicio, entre ellas, respetar o cumplir con las condiciones laborales del personal”, afirmó la viceconsejera, que advirtió de que también reclamarán a la compañía que aclare “si pretende marcharse” de Euskadi –tal y como ya ha trascendido a través de algunas informaciones– y dejar de prestar los servicios que tiene adjudicados. De esta forma, reconoce que “si no hay sorpresas”, finalmente serán otras las empresas que habrán de encargarse de prestar este servicio. Con ese fin, anunció que se prevé realizar nuevos contratos y licitaciones para adjudicar los distintos servicios que hasta ahora presta esta compañía, que según indicó incluirán condiciones “más estrictas” para el adjudicatario. En todo caso, se comprometió a que para antes del 30 de noviembre “todo esto esté resuelto en beneficio de todas y todos”.

En el turno de los partidos, PNV, PSE-EE y PP mostraron su preocupación por la situación y pidieron que “las empresas cumplan con sus obligaciones laborales y con los pliegos de los contratos". Por parte de EH Bildu, la parlamentaria Rebeka Ubera señaló que lo que está ocurriendo con esta empresa “es muy grave”, aunque afirmó que “hace años” que existe este problema.