La Diputación Foral de Gipuzkoa ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula una Oferta Pública de Empleo (OPE) en la Fundación Uliazpi porque se exige acreditar el perfil 2 de euskera.
Según ha informado la portavoz foral, Eider Mendoza, en un comunicado, la Diputación ha recurrido por partida doble la sentencia: ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción del Derecho estatal y otro recurso ante el propio TSJPV por infracción del Derecho autonómico. El ente foral considera que se trata de un fallo "absolutamente injusto desde el punto de vista de los derechos de las y los euskaldunes". En este sentido, ha recordado que la institución foral seguirá defendiendo "que el servicio que reciben tanto la ciudadanía como las personas usuarias de Uliazpi se realice respetando su propia opción lingüística”.
En este sentido, Mendoza ha defendido que la sociedad guipuzcoana respalda de forma mayoritaria que los trabajadores públicos hablen euskera y que la mayoría de la sociedad muestra "una especial sensibilidad" con esta cuestión. Ha recordado que, tal y como demuestran los resultados del último Sociómetro, publicado la pasada semana, las personas encuestadas muestran un grado de acuerdo de 7,67 puntos sobre 10 ante la afirmación de que el personal de la Administración pública de Gipuzkoa debería saber euskera. “Cabe destacar, además, que más de 6 de cada 10 personas que han respondido a la encuesta han mostrado un acuerdo de 8, 9 o 10 puntos”, ha destacado la portavoz foral.
El requisito del euskera, "desproporcionado" para el TSJPV
Según se recoge en la sentencia emitida por el TSJPV, aunque se admite que para optar a puestos de trabajo sujetos a la OPE se exija el conocimiento de las dos lenguas oficiales de la CAV, se considera "desproporcionado" pedir el perfil 2 de euskera para poder acceder a 32 de las 34 plazas (en las dos restantes se valoraba como mérito) de cuidadores de Uliazpi. De hecho, el alto tribunal vasco cree que este requisito “vulnera” el derecho de las personas recurrentes a acceder a ellas en condiciones de igualdad.
Ante esta circunstancia, la Diputación ha decidido presentar un "recurso de casación ante el Tribunal Supremo por infracción del Derecho estatal, alegando que la sentencia vulnera los preceptos del Estatuto Básico del Empleado Público que obligan a las administraciones públicas a seleccionar personas empleadas debidamente capacitadas para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales; y que interpreta erróneamente la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual exigir un nivel de conocimiento de la lengua cooficial para acceder a determinados puestos no es desproporcionado si esa exigencia deriva de la naturaleza de sus funciones", ha indicado Mendoza.
Al mismo tiempo, ha presentado otro recurso de casación ante el propio TSJPV por infracción del Derecho autonómico, "alegando en este caso que la sentencia infringe los preceptos de la Ley de la Función Pública Vasca que regulan la adecuación de los procesos de selección de personal a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo, preceptos que interpreta de forma contradictoria con sentencias anteriores del mismo TSJPV".
