La plataforma de defensa medioambiental Mutriku Natur Taldea ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en contra del procedimiento por el que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha adjudicado a la empresa FCC Construcción SA (con un presupuesto de 15.623.787 euros y un plazo de ejecución de 17 meses) las obras para prolongar otros 88 metros más (hasta los 440 metros) el dique de abrigo del puerto guipuzcoana.
Además, la agrupación ecologista ha denunciado presuntas irregularidades en el citado procedimiento ante la Comisión Europea y ha solicitado amparo al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo por lo que considera una “vulneración voluntaria de la legislación medioambiental por parte del Gobierno Vasco en el puerto de Mutriku”.
Según explica el presidente de Mutriku Natur Taldea, Rafael Pérez Beristain, “hemos solicitado la suspensión cautelar del procedimiento, que es el resultado de un proyecto constructivo emitido sin haberse cumplido con el proceso legalmente establecido para su aprobación”.
En este sentido, Pérez Beristain asegura que el procedimiento seguido para la adjudicación de las obras presenta varias carencias “en lo relativo a la presentación de alternativas, a la emisión de informes técnicos y autorizaciones correspondientes o a la información pública”; lo que, a su entender, “convierte en insubsanable el propio procedimiento de adjudicación”.
Una longitud “suficiente”
En contra de lo que piensa el Ejecutivo autonómico, Mutriku Natur Taldea considera que la longitud del dique actual resulta suficiente para garantizar la seguridad del acceso marítimo al puerto de la villa costera.
Por ello, el colectivo ecologista cree que el alargamiento del dique de abrigo “resulta injustificado”. Además, considera que la ejecución de la obra adjudicada “supondrá la desaparición de una parte muy significativa del patrimonio natural de Mutriku”. A juicio de la agrupación, “el único interés de alargar aún más el dique por parte de los promotores es acometer unas obras que conllevarán la implantación y ampliación de otros usos, como son el de mayor número de embarcaciones de recreo, que sólo beneficia a un sector muy concreto y que no se corresponde con el interés general de la población de Mutriku, que es la que va a sufrir el cierre de su bocana”.
Ante esa situación, el grupo ha solicitado al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo “que la normativa ambiental se aplique correctamente y las obras se sometan a una nueva evaluación que las justifique”.
